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Amazonía ecutoriana en estado de emergencia, se registran atropellos a los derechos humanos Recibida de CEDHU el 11-03-2006 a las 10:03
Nuevo estado de emergencia en la Amazonía por huelga de trabajadores petroleros tercerizados, detención de autoridades, irrespeto a la libertad de expresión y represión militar. Desde el día lunes 7 de marzo, aproximadamente unos cuatro mil trabajadores -tercerizados- iniciaron una paralización reclamando la entrega de los sueldos que tienen un retraso de tres meses. Frente a la protesta el Gobierno de Alfredo Palacio decretó el estado de emergencia en la madrugada del martes 8 de marzo, el decreto incluye la suspensión de las garantías constitucionales, militarización de la zona y control de las instalaciones petroleras por parte de las Fuerzas Armadas. Durante toda la semana se produjeron desalojos y varios enfrentamientos entre los militares y los trabajadores. Haciéndose evidente una vez más la represión militar y policial en las provincias amazónicas. El viernes 10 de marzo, en horas de la mañana, alrededor de 70 trabajadores petroleros tercerizados, se encontraban en la Dirección de Educación y Cultura del Consejo Provincial de Orellana, en el Coca, sosteniendo una reunión con las autoridades para explicar la situación del paro. El lugar fue cercado por un contingente de 200 militares y helicópteros de la cuarta brigada del Ejército. Los militares, al mando del Gral. Gonzalo Meza, ingresaron abruptamente a la reunión y detuvieron a Guadalupe Llori, Prefecta de Orellana; Fany Vidal Gómez, Consejera de Orellana; Teodoro Bermeo, Alcalde de Sacha; Walter Centeno, dirigente barrial; Vicente Peñafiel, dirigente de Sacha; Juan Castro, empleado petrolero tercerizado y 42 personas más asistentes a la asamblea. Periodistas apresados e impedidos de transmitir imágenes de represión El momento del operativo se encontraban cubriendo la reunión, comunicadores de prensa, radio y televisión. Los periodistas también fueron detenidos, entre ellos Roberto Carrera de Gamavisión y dos periodistas de la televisora RTU. Fueron conducidos a la Policía Judicial donde permanecieron dos horas en arresto. La orden fue dada por el General Gonzalo Meza, quien a más de la detención de los periodistas y camarógrafos, dispuso la requisición de todo material periodístico filmado o fotográfico que sea haya logrado de la incursión militar y la represión en el Consejo Provincial de Orellana. Algunos materiales se pudieron salvar- Paro bi-provincial En medio de la tensa situación, las autoridades de Orellana y Sucumbíos hicieron un llamado al paro bi-provincial de apoyo a los trabajadores petroleros tercerizados, como medida de protesta a la actitud del gobierno de perseguir a los pobladores amazónicos con el uso del estado de emergencia. Lea el documento aprobado por la Asamblea Provincia. Represión y liberación de autoridades Luego de estos eventos, pobladores de Joya de los Sachas cerraron el puente de acceso a esa ciudad y que comunica con el Coca y Lago Agrio, la Fuerza Pública se hizo presente y se produjeron más de cuatro horas de fuertes enfrentamientos, el ciudadano Lautaro Ojeda recibió el impacto de una bala de goma y sufrió el desprendimiento de la retina del ojo izquierdo. Cerca de las 21 horas, luego de que Gamavisión publicara imágenes de la actuación militar y gracias a la presión ciudadana se logró que las autoridades detenidas fueran liberadas. El decreto de emergencia 1204 del 7 de marzo de 2006 se mantiene vigente. Orellana y Sucumbíos viven una tensa calma en sus centros poblados y las actividades son aparentemente normales, hay más tranquilidad hoy sábado, después de las autoridades recuperaron su libertad. En menos de un mes el gobierno de Alfredo Palacio ha decretado dos estados de emergencia en la región amazónica, el anterior decreto fue emitido el 9 de febrero en Orellana, debido a la toma de la estación de bombeo de Baeza, luego de que la población fue impedida de realizar una marcha hasta Quito, para apoyar la caducidad del contrato con la petrolera OXY. Hacemos un llamado al diálogo y la comprensión de las partes. El gobierno debe facilitar caminos de comunicación con la ciudadanía y no puede tratar de controlar la movilización popular, usando cada vez el estado de emergencia, que significa el uso de la fuerza, que deriva a la final en violencia que afecta a la población civil. |
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