Según el documento, Cuba, al lado de Birmania, Irán, Zimbabwe, China, Corea del Norte y Belarús, es considerada uno de los paí­ses en los cuales el poder está concentrado en las manos de gobernantes irresponsables. Por esto, según EUA, tienden a ser los violares de derechos humanos más sistemáticos del mundo.

El informe de 2005 analiza la situación de los derechos humanos en 196 paí­ses y olvida as sistemáticas violaciones cometidas por el gobierno de George W. Bush, principalmente en Irak y la base naval de Gantánamo, Cuba. La introducción dice que el informe demuestra que Estados Unidos está comprometido -a trabajar con otras democracias y con hombres y mujeres de buena voluntad de todo el mundo para alcanzar una histórica meta de largo plazo: el fin de la tiraní­a en nuestro mundo-.

Estos Estados considerados irresponsables van desde sistemas cerrados y totalitarios que sujetan a sus ciudadanos a una privación general de sus derechos básicos hasta sistemas autoritarios en los que se restringe severamente el ejercicio de los derechos básicos.

En Cuba, según EE.UU., el régimen siguió controlando todos los aspectos de la vida a través del Partido Comunista y de las organizaciones de masas controladas por el estado. El régimen reprimió llamados de reformas democráticas, como el Proyecto Varela, que propone un referéndum nacional. Las autoridades arrestaron, detuvieron, multaron y amenazaron a los activistas del Proyecto Varela y el gobierno retuvo a por lo menos 333 presos y detenidos polí­ticos.

Brasil también es acusado de continuar cometiendo abusos contra la población, de corrupción y prácticas de tortura en la policí­a, de discriminación de las mujeres y de no combatir ni la prostitución ni el trabajo infantiles. El Informe menciona el caso de Dorothy Stang, asesinada hace un año, y cuyo caso fue juzgado solamente en ámbito estadual.

Algunas de las violaciones de derechos humanos más graves son cometidas por gobiernos dentro del contexto de conflictos armados internos y/o a través de sus fronteras. En Colombia, por ejemplo, continuaron las violaciones de los derechos humanos relacionadas con el conflicto armado interno que ya lleva 41 años. Sin embargo, la ofensiva militar concentrada del gobierno contra los grupos armados ilegales y la desmovilización en curso de los grupos paramilitares condujo a una reducción de los asesinatos y de los secuestros.

Colombia también comenzó un proceso de cuatro años para implementar un nuevo código penal de procedimiento acusatorio. No obstante, la impunidad siguió siendo un obstáculo importante, particularmente en el caso de funcionarios acusados de haber cometido violaciones de los derechos humanos en el pasado, así­ como para ciertos miembros de las fuerzas militares que colaboraron con grupos paramilitares.

En 2005 una preocupante cantidad de paí­ses en todo el mundo aprobó o aplicó selectivamente las leyes contra la prensa y las ONG. Por ejemplo: en Venezuela las nuevas leyes sobre calumnia, difamación y contenido de los medios de prensa, junto con el hostigamiento legal y la intimidación fí­sica, resultaron en limitaciones de la libertad de prensa y en un ambiente de autocensura.

EE.UU. afirma que siguió habiendo informes de que representantes y partidarios del gobierno intimidaron y amenazaron a miembros de la oposición polí­tica, a varias ONG de derechos humanos y a otros grupos de la sociedad civil. Algunas ONG también denunciaron que el gobierno usó el poder judicial para poner limitaciones a la oposición polí­tica.

El documento señala que el progreso en la reforma democrática no es lineal ni está garantizado. Algunos estados todaví­a tienen instituciones de gobierno democrático débiles y siguen luchando; otros todaví­a tienen que dedicarse plenamente al proceso democrático. Los pasos hacia delante pueden ser estropeados por irregularidades. Puede haber retrocesos graves. Los gobiernos elegidos democráticamente no siempre gobiernan democráticamente una vez que están en el poder.

En 2005 muchos paí­ses que se habí­an comprometido con la reforma democrática mostraron un progreso mixto; algunos retrocedieron. En Ecuador el Congreso destituyó en abril al presidente Lucio Gutiérrez que habí­a sido elegido democráticamente, tras protestas en gran escala y el retiro público de apoyo por el liderazgo de las fuerzas armadas y de la policí­a nacional. El vicepresidente Alfredo Palacio sucedió a Gutiérrez y se programaron elecciones para 2006.