La imprevisión y el desinterés del gobierno local en esta materia está en el origen de la aprobación de medidas que parecen más destinadas a sufragar el gasto de una obra pública superlativa e innecesaria que a resolver los problemas que realmente ha de afrontar diariamente la ciudadaní­a madrileña.

Las permanentes rectificaciones del concejal Pedro Calvo y la decisión de convocar a los vecinos a tí­tulo particular, ignorando a la Federación de Asociaciones de Vecinos, hacen dudar acerca de lo meditado de esta medida y ponen entre las cuerdas la responsabilidad del regidor.

La ampliación de las zonas del Servicio de Estacionamiento Regulado a zonas que no corresponden a la almendra central, como La Vaguada, Carabanchel o Fuencarral, aparte de constituir una medida impopular, atenta directamente contra la renta per capita de clases trabajadoras ya bastante castigadas por la fiebre impositiva de un Ruiz- Gallardón empecinado en hacer prosperar un proyecto de reconstrucción de la ciudad de Madrid que piensa en los grandes grupos empresariales y nunca en el ciudadano.

La insostenible polí­tica de Ruiz-Gallardón parece más bien diseñada generar conflictividad social y disenso para en la resolución de los problemas reales que afectan directamente al conjunto de los madrileños y madrileñas.

Por otra parte, las funciones que cumplen los trabajadores y trabajadoras de este servicio se ven seriamente deterioradas, como viene denunciando UGT-Madrid en el terreno estrictamente laboral.

UGT-Madrid exige por ello a la Alcaldí­a la retirada de la ampliación del SER y la paralización de las zonas proyectadas. Igualmente, insta al Ayuntamiento a la elaboración de un plan de movilidad operativo y ajustado a las necesidades de la ciudadaní­a madrileña, basado en estudios rigurosos, consensuado con asociaciones de vecinos y organizaciones sindicales, los dos principales afectados de esta decisión del regidor. Un plan, en definitiva, que permita resolver el caos circulatorio que es la auténtica seña de identidad de Madrid y que el Ayuntamiento se niega sistemáticamente reconocer.