A pesar de haber sido las principales afectadas por el tsunami, los gobiernos han desatendido, una vez más, las necesidades de las mujeres. Su ausencia en la toma de decisiones en relación con la evaluación de los daños, así­ como en la reubicación y reconstrucción de sus viviendas son, según Marí­a Jesús Izquierdo, responsable de gestión del riesgo en Ayuda en Acción, una muestra más de esta vulneración de los derechos de las mujeres, que supone un peligro para el desarrollo de la zona.

En los paí­ses más desfavorecidos, las mujeres suelen asumir gran parte de las responsabilidades domésticas, así­ como de cuidado y sustento de la familia. Tras el tsunami, han adquirido una responsabilidad adicional: promover los procesos de recuperación en sus hogares y comunidades.

Pese a que están siendo las más afectadas, sus derechos a la participación igualitaria en los procesos de toma de decisiones han sido desatendidos. En los paí­ses afectados por el tsunami, los hombres son los que han acaparado la mayorí­a de las iniciativas de la reconstrucción. En muchos de los programas de rehabilitación económica se ha negado el trabajo a las mujeres e incluso, a las subvenciones a las que tení­an derecho.

Este es el caso de Sri Lanka, donde Ayuda en Acción lleva trabajando desde que se produjo el tsunami que acabó con la vida de 220.000 personas. En dicho paí­s, las mujeres que eran propietarias de tierras (particularmente aquellas mujeres musulmanas que recibieron la propiedad como parte de su dote) han perdido la titularidad de sus propiedades, en favor de sus maridos, ya que el gobierno deposita el dinero de las ayudas sólo a nombre del varón. Peor lo han tenido las viudas y las mujeres solteras, según ha comprobado Jacobo Quintanilla, desde nuestra oficina en Sri Lanka, que deben acudir a un hombre de la familia que se haga cargo de la compensación y que no necesariamente la comparte con ellas.

Otro de los principales problemas es que no se están teniendo en cuenta sus necesidades en el proceso de reconstrucción. En este sentido, y como comenta Marí­a Jesús Izquierdo, no se están implementando medidas especí­ficas para proteger a este colectivo de la explotación sexual y de la violencia de género. De hecho, según Izquierdo, recién llegada de Sri Lanka, la manera en la que los asentamientos temporales están siendo organizados, con tiendas de un solo espacio y en muchas ocasiones colocadas al lado de la carretera, expone a la mujer al escrutinio público, la violencia sexual y doméstica. De este modo, no se respeta su derecho a la privacidad y a la seguridad.

Matrimonio y pobreza

Muchas niñas y adolescentes están siendo obligadas por sus familias a contraer matrimonio como una manera de salir de la pobreza. En algunos de los casos, las diferencias de edad son muy grandes y en otros, los hombres que perdieron a sus mujeres contraen matrimonio con las hermanas solteras de su mujer.

Ayuda en Acción, cree en la igualdad entre mujeres y hombres como derecho y como medio indispensable para mejorar los resultados en la lucha contra las causas estructurales de la pobreza. Por eso, nuestra Organización hace un llamamiento a los gobiernos y otros actores relevantes en los paí­ses afectados para que implemente de manera urgente las siguientes medidas:

– Garantizar la participación de las mujeres en la toma de decisiones sobre evaluación del daño, recolocación de las viviendas y campamentos, así­ como de las casas permanentes.

– Recopilar datos sobre hogares en los que las mujeres son cabezas de familia, solteras y viudas y proveerles de compensaciones, si no han sido previamente consideradas.

– Permitir la titularidad conjunta de la tierra, casa y otras propiedades, como parte del paquete de rehabilitación. En el caso de que la mujer sea cabeza de familia, el tí­tulo de propiedad deberí­a de estar solamente a su nombre.

– Asegurar la no discriminación contra las mujeres en razón de su casta, clase, ciudadaní­a, etnia, capacidad o edad.

Ayuda en Acción es una Organización No Gubernamental para el Desarrollo que, desde 1981, trabaja para mejorar las condiciones de vida de los niños y niñas de las comunidades más desfavorecidas en 19 paí­ses de Asia, África y América, en los que impulsamos proyectos gracias al apoyo económico de más de 185.000 colaboradores.