Esta Resolución propone el establecimiento de un proceso de discusión entre los órganos del Poder Judicial e instituciones esenciales para la justicia y el Concejo de las Ciudades, en lo que atañe a la actuación del Poder Judicial en conflictos relacionados con las reubicaciones y desalojos de gran impacto social. Y también la creación de un grupo en el ámbito del Comité Técnico de Habitación con la participación de representantes del Comité de Planeamiento Territorial Urbano, con la finalidad de hacer un mapeo de los conflictos relacionados con las reubicaciones y desalojos en el paí­s y sugerir soluciones estructurales.

La propuesta también fue llevada para su conocimiento a la UN Habitat que, a partir de ese documento y en conjunto con FNRU, COHRE (Centro por el Derecho a la Vivienda y contra los Desalojos) y con apoyo del Frente Nacional de Alcaldes, elaboró una carta dirigida a los municipios, recomendando que se adopten polí­ticas y se garantice la protección legal contra la ocurrencia de desalojos forzados.

El PNPD presenta lí­neas de acción, actividades y medidas concretas a ser adoptadas apuntando a la prevención de desalojos forzados en Brasil, basados en la legislación internacional de derechos humanos y la protección, defensa y cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales.

El FNRU deberá monitorear y divulgar los casos de desalojos forzados, en conjunto con la Relatorí­a Nacional del Derecho a la Vivienda Adecuada, los movimientos sociales, los Concejos Estatales y Municipales de las Ciudades y de Habitación, así­ como proponer y recomendar soluciones junto con las instituciones y gobiernos competentes. También deberá impulsar la actuación de los gobiernos federal, estatal y municipal, UN Habitat, y organizaciones y movimientos sociales para que adopten medidas de prevención de desalojos, reubicaciones y remociones colectivas de impacto social.

El foro deberá además informar y capacitar a grupos/comunidades amenazadas de desalojos forzados sobre derechos humanos, mediante la realización de actividades de asesorí­a/orientación jurí­dica y de capacitación en derecho a la vivienda, derecho a la ciudad, a la tierra y prevención de desalojos forzados; y organizar e impulsar a los movimientos, instituciones y ONGs de la sociedad civil que actúan en temas relacionados con la vivienda, apuntando a la implementación de una campaña contra los desalojos forzados y por la regularización territorial de asentamientos informales, territorios de quilombos y de indí­genas.

Impulsar una campaña en defensa de la reforma del Código de Proceso Civil, junto con los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, para el establecimiento de normas especiales de protección y defensa del derecho a la vivienda y del derecho a la ciudad en los casos judiciales de desalojos, reubicaciones y remociones colectivas de impacto social, teniendo como referencia las normas de derechos humanos y el Comentario General Nº 7 de las Naciones Unidas, que es otra prerrogativa de la propuesta del FNRU.

La entidad propone, además, que sea propuesta, en el ámbito del Concejo de las Ciudades, la creación, desde el Ministerio de las Ciudades y/o Ministerio de Justicia, de un Juzgado especial que escuche las Situaciones de Desalojos, de tal forma de monitorear la violación de los derechos humanos y del derecho a la vivienda. Así­ como también monitorear y denunciar las tentativas de alteraciones realizadas en el ámbito de las Constituciones Estatales y Leyes Orgánicas Municipales que ponen en riesgo el derecho a la vivienda y reducen las salvaguardas que garantizan el acceso a la tierra urbana. Además, el monitoreo debe buscar avanzar en las propuestas de protección del derecho a la vivienda, entre otras acciones incluidas en la propuesta.

Más allá de las acciones y discusiones que deben tener lugar en el ámbito del FNRU, de las organizaciones/movimientos que componen el FNRU, en el ámbito del Concejo Nacional de Ciudades, el FNRU debe articularse con otras organizaciones y movimientos con el objetivo de coordinar esfuerzos, recursos y acciones apuntando a la prevención y suspensión de los desalojos forzados.

En ese sentido el FNRU debe articularse con las Relatorí­as Nacionales DESC, especialmente la Relatorí­a Nacional del Derecho a la Vivienda y a la Tierra Urbana, para participar y contribuir en la organización de las misiones sobre violaciones de derechos humanos, elaboración de informes y lobby nacional e internacional. De la misma manera, debe seguir las discusiones, participar de las misiones en Brasil y enviar denuncias y relatos de casos solucionados al Grupo de Especialistas en Desalojos Forzados (Advisory Group on Forced Evictions) de la UN Habitat.

Traducción: Daniel Barrantes - barrantes.daniel@gmail.com