En los últimos años, Oceana ha puesto a disposición de la Administración información que demuestra la realidad de estas actividades.

La organización internacional para la protección de los mares, Oceana, ha mostrado su perplejidad frente a la denuncia, por parte de las asociaciones de armadores Aname y Anavar, contra varios miembros de Greenpeace. El motivo de la denuncia parte de las manifestaciones pací­ficas que realizaron los ecologistas, destinadas a llamar la atención de la opinión pública sobre la pesca de arrastre que estos armadores llevan a cabo en ecosistemas muy sensibles y de gran profundidad, desoyendo así­, los reiterados avisos de la comunidad cientí­fica sobre el grave impacto que estas actividades tienen sobre el medio ambiente marino y la sostenibilidad de los recursos pesqueros.

Oceana reclama a la Audiencia Nacional que archive esta denuncia, y que en su lugar inicie investigaciones sobre las actividades relacionadas con la pesca ilegal que, un buen número de ciudadanos españoles y empresas con capital español, llevan a cabo tanto en aguas internacionales como en la zona económica exclusiva de muchos paí­ses.

Las recientes detenciones de diversos barcos pesqueros españoles en aguas bajo la jurisdicción de Argentina, Noruega e Irlanda no son más que la punta del iceberg de unas actividades ilegales bien conocidas por el sector, las autoridades pesqueras y la opinión pública en general. Según Oceana, " la pesca ilegal debe ser considerada un asunto de Estado y las autoridades gubernamentales y la Justicia deben intervenir para poner fin a la misma".

Las infracciones "“que reportan millones de euros de beneficios a quienes las cometen- son llevadas a cabo tanto por barcos con bandera española, que violan la legislación pesquera nacional e internacional, como por pesqueros que, portando otras banderas comunitarias o pabellones de conveniencia, ignoran igualmente las normativas existentes, pescando en zonas a las que no tienen acceso legal, capturando especies protegidas y sobrepasando las cuotas establecidas.

Algunos de estos armadores están reclamados por los tribunales de distintos paí­ses por pesca ilegal. Muchos de ellos combinan en las flotas de su propiedad barcos "legales" con barcos dedicados a la pesca pirata, organizando intrincadas tramas empresariales que dificultan el seguimiento de sus actividades. En ocasiones, los armadores llegan a manipular las cajas azules de sus barcos para impedir el conocimiento de sus posiciones por parte de las autoridades marí­timas.

Armadores que combinan sus actividades legales con las de pesca pirata llegan a sentarse en las delegaciones oficiales españolas en los organismos internacionales de gestión de las pesquerí­as, y algunos de ellos reciben subvenciones de millones de euros por parte del gobierno español.

Oceana afirma que a lo largo de los últimos años ha puesto a disposición de la Administración abundante información respecto a muchos de estos casos, y ha llamado igualmente la atención sobre el apoyo que se da a buques con bandera de conveniencia dedicados a la pesca pirata (denominada oficialmente "pesca ilegal, no reportada y no regulada") en algunos puertos españoles, y notablemente en el Puerto de las Palmas de Gran Canaria.

"Es imprescindible que la justicia española se ponga en marcha de una vez para investigar a fondo y poner fin a las actividades de pesca ilegal que impliquen a ciudadanos españoles con barcos de cualquier bandera, y para desmontar las tramas y la picaresca que permiten la esquilmación de los recursos pesqueros, la destrucción de los ecosistemas y que provocan el desprestigio de todo el sector pesquero español en los ámbitos internacionales ", ha declarado Xavier Pastor, Director de Oceana para Europa. "Tal vez entonces no habrá necesidad de que las organizaciones no gubernamentales tengan que denunciar a la opinión pública la actividad de muchos de esos buques".