Los Agentes Forestales comenzaron su investigación en septiembre de 2005, cuando en la orilla de la presa de Valmayor encontraron 81 peces muertos en las proximidades de una depuradora perteneciente al Canal de Isabel II. Entonces procedieron a tomar muestras del agua y de los peces, las mandaron analizar al Laboratorio Regional Agrario de la Comunidad de Madrid y del Laboratorio de la Confederación Hidrográfica del Tajo y redactaron un atestado policial que presentaron en el Juzgado de Instrucción número uno de El Escorial. Lo habitual en la Comunidad de Madrid en los casos de presuntos delitos contra el medio ambiente, contra la fauna protegida o contra la ordenación del territorio, es que los trámites de investigación posteriores a la denuncia los realice el SEPRONA. No ocurre así­ en otras Comunidades Autónomas como en Cataluña, donde hace ya mucho tiempo que son los Agentes Rurales de Cataluña, el cuerpo equivalente a los Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid, los que realizan las diligencias policiales posteriores a sus propias denuncias.

Desde hace muchos años, los Agentes Forestales del Estado y de las distintas comunidades autónomas vienen reclamando la competencia de policí­a judicial, y es que resulta evidente que unos cuerpos que cuentan con una preparación equivalente al SEPRONA y que permanecen en contacto diario con el entorno y los que lo hostigan, sean los encargados de realizar las investigaciones por los delitos ambientales. -No parece razonable que un policí­a, después de presenciar un delito, tenga que llamar a la policí­a-, nos dicen dos Agentes Forestales.

Los Agentes Forestales nos explican que -la competencia como policí­a judicial no es la posibilidad de hacer denuncias por delitos ambientales, no. La competencia para hacer denuncias y la competencia para ejercer como policí­a judicial es algo que está reconocido desde hace décadas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal a los Agentes Forestales, sin embargo, si bien los Agentes Forestales están haciendo las denuncias y la investigación, no están participando en la investigación que posteriormente ordena el juez; dicho de otro modo, una vez que el Agente Forestal denuncia en un juzgado la construcción de una casa en el campo, el juez ordena a su policí­a auxiliar, ejecutar las diligencias para investigar el presunto delito; ésto es, actuar como policí­a judicial. Resulta absurdo que después de que un Agente de la Autoridad haya denunciado hechos delictivos, el Juez, tal y como está sucediendo en Madrid, le pregunte al SEPRONA sobre un delito que ni siquiera ha presenciado. Se han dado situaciones absurdas, donde los SEPRONAS vení­an a investigar, y para esto, no les quedaba más remedio que preguntar a los Agentes Forestales denunciantes: la policia, preguntando a la policí­a-.

En el caso particular que nos ocupa, el Juez nombró a los Agentes Forestales para ejecutar las diligencias de investigación posteriores a la denuncia. Les mandó recoger las nuestras de los laboratorios y entregarlas en el Juzgado, y fueron los propios Agentes Forestales los que entregaron la notificación como imputado por un presunto delito a un responsable del Canal de Isabel II.

Para la Sección Sindical de CCOO en la Consejerí­a de Medio Ambiente, resulta absurda la situación que se vive en la Comunidad de Madrid, donde el Fiscal de Medio Ambiente dice que más del 70% de los delitos contra la ordenación del territorio son denunciados por los Agentes Forestales y sin embargo, no se les nombra policí­a judicial. Por este motivo, han trabajado para que también en la Ley de Montes se les vuelva a reconocer la facultad para actuar en auxilio de los jueces y se muestran optimistas sobre el futuro de los Agentes Forestales como policí­a judicial, porque -se terminará imponiendo el sentido común y pronto casos tan excepcionales como lo ocurrido a propósito de este delito de vertidos, será algo habitual en toda la Comunidad de Madrid-.