En la denuncia a la que ha tenido acceso diarioforestal.es, se asegura que Marino Zabí­a, tení­a obligación de paralizar la obra, exigir la tramitación de un procedimiento de evaluación ambiental conforme lo exige la legislación sectorial, así­ como de oponerse a la aprobación irregular del nuevo proyecto de duplicación, por lo que Ecologistas en Acción-CODA considera que es autor de un presunto delito de prevaricación. Además, consideran que pudiera existir un presunto delito contra la ordenación del territorio que lo comete la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, informa favorablemente proyectos de edificación o la concesión de licencias contrarias a las normas urbaní­sticas vigentes.

La denuncia considera que Maria Dolores Cospedal, en su calidad de representante de la Consejerí­a de Infraestructuras y Transportes, como órgano sustantivo de la obra, debiera haber paralizado la tramitación del procedimiento y solicitado, por estar legalmente obligada a ello, someter la obra a un procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, por lo que Ecologistas en Acción-CODA, la considera autora de un presunto delito de prevaricación.

Los hechos se remontan a 1998, cuando la Comunidad de Madrid estaba gobernada por Alberto Ruiz Gallardón, quien presentó un primer proyecto de duplicación de la carretera que fue sometido a Evaluación de Impacto Ambiental. La Evaluación fue realizada por el Centro Superior de investigaciones Cientí­ficas y publicada en noviembre de 2000. El informe tuvo un resultado negativo, por lo que la Consejerí­a de Obras Publicas desestimó el desdoblamiento y procedió a elaborar un segundo proyecto de mejora de la carretera M-501 que no cuenta con la oposición ciudadana y ecologista. Posteriormente, en julio de 2002 se firma un protocolo para el seguimiento de las obras de mejora, en el que se asegura, que se firma el compromiso entre la Comunidad de Madrid y los Ayuntamientos para mejorar las condiciones de la ví­a ante la imposibilidad del desdoblamiento. Este compromiso da lugar a que en diciembre de 2003 se apruebe el proyecto de ensanche y mejora de la M-501.

El procedimiento parecí­a terminado con la mejora de la carretera, pero coincidiendo con la llegada de Esperanza Aguirre al Gobierno de la Comunidad, se prodigaron las declaraciones en el sentido de que la M-501 se terminarí­a ejecutando fuera como fuera. Es el dí­a 21 de julio de 2005 cuando el Consejo de Gobierno acuerda declarar de interés general la obra de duplicación de la carretera y se resuelve que dada la "discrepancia" entre la Consejerí­a de Obras Públicas, que en su dí­a presentó un proyecto de desdoblamiento y la Consejerí­a de Medio Ambiente, que lo desestimó tras la Declaración de Impacto Ambiental, se acuerda resolver la "discrepancia", declarando la obra de interés público.

Para Ecologistas en Acción, es tal el cúmulo de irregularidades cometidas en la tramitación y aprobación proyecto que no les ha quedado más remedio que presentar la denuncia contra los consejeros apoyándose entre otras cosas, en que el proyecto de duplicación de la carretera presentado por Alberto Ruiz Gallardón y el presentado posteriormente bajo el gobierno de Esperanza Aguirre no coinciden, por lo tanto, al ser distintos no puede existir una discrepancia que justifique la intervención del Consejo de Gobierno para desempatar. Además, desde que en 1998 se presentó el primer proyecto, el régimen jurí­dico aplicable a la obra ha cambiado. En la denuncia se puede leer que la Orden 903/2001 por la que se declara la iniciación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales para la ZEPA de los Rí­os Alberche y Cofio, obliga a que durante la tramitación del Plan de Ordenación de Recursos Naturales y hasta que sea aprobado, no pueda otorgarse ninguna autorización, licencia o concesión que habilite para la realización de actos de transformación de la realidad fí­sica y biológica, sin informe favorable de la Consejerí­a de Medio Ambiente. Este informe, según Ecologistas en Acción, debe ser obligatoriamente, un informe de Evaluación de Impacto Ambiental, pues así­ está definido en la legislación sectorial. Para Ecologistas en Acción-CODA la ley obligarí­a a Mariano Zabí­a a solicitar, como responsable de la Consejerí­a de Medio Ambiente, la elaboración de un estudio de Evaluación de Impacto Ambiental en lugar de callar y no advertir de ello. Además, el Real Decreto 1997/1995 que establece medidas para la Conservación de los Habitas Naturales establece que las obras deben contar con el respaldo o la previa autorización del Ministerio de Medio Ambiente y la Comisión Europea. De todo ello, ambos consejeros habrí­an sido informados mediante el enví­o de un burofax, por lo que para Ecologistas en Acción-CODA, la acción no se produce por error, sino conscientemente y con voluntad de infringir la legalidad y por lo tanto, de cometer un presunto delito de prevaricación.

Con la finalidad de ilustrar cómo se ha tramitado todo el procedimiento, miembros de Ecologistas en Acción nos recuerdan, que la resolución del Consejo de Gobierno de fecha 21 de julio de 2005, por la que se declara de interés público la obra, no ha sido publicada en el Boletí­n Oficial de la Comunidad de Madrid. Para la asociación, una decisión del Consejo de Gobierno que declara un interés público y de la que no se da publicidad, salvo error, no puede indicar otra cosa que la intención de ocultar un procedimiento que trasformará irreversiblemente el último hábitat del lince ibérico, la cigí¼eña negra y el águila imperial. Para Ecologistas en Acción-CODA, la idea de que un lugar que cuenta con la protección de 3 directivas de la Unión Europea (79/409/CEE, 92/43/CEE y 85/337/CEE), con la protección de la Orden 903/2001 de Inicio el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la ZEPA, con la protección de una ley estatal y otra autonómica de Evaluación de Impacto Ambiental, etc., esté siendo sometida a una presión especulativa tan fuerte, es indicativo de que hay algo que no funciona, pues no parece razonable que sea la propia Consejerí­a de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y el Consejo de Gobierno, quienes estén introduciendo tantos elementos de inseguridad jurí­dica en la protección de la ZEPA, al tramitar un procedimiento administrativo tan irregularmente, cuando la ley deja muy claro que debe estar sometido a una Evaluación de Impacto Ambiental.

Finalmente, Ecologistas en Acción-CODA nos indican que se ha producido una intoxicación informativa en lo relativo al supuesto interés público, cuando se ha asegurado que se acometí­a la obra por razones de seguridad viaria, ya que según los informes de accidentalidad de la Dirección General de Carreteras de la Consejerí­a de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid (años 2000 a 2004) no ha habido ningún punto negro en el tramo de carretera que se pretende desdoblar. De hecho, no se ha detectado ningún punto negro en toda la M-501 en los 3 últimos. Por todo ello, consideran que es absolutamente imprescindible, que unido a la imputación y condena por los presuntos delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio de los dos Consejeros, los jueces procedan de inmediato a paralizar unas obras aprobadas con unos procedimientos administrativos colmatados de irregularidades legales y de falaces argumentos justificativos.