A pesar de las denuncias, las investigaciones, por parte del Estado, de las agresiones sufridas por las minorí­as sexuales, son muy deficientes. Pero, estas denuncias continúan siendo realizadas y revelan que las violaciones a los derechos de las minorí­as se realizan, fundamentalmente, por parte de miembros de grupos armados ilegales y agentes del Estado. Los policí­as son acusados de detenciones arbitrarias y de tratamiento deshumano.

El Estado es acusado también por no promover una polí­tica contra la discriminación. Según el informe, -se observa la ausencia de polí­ticas públicas especí­ficas para prevenir y castigar estos hechos y para eliminar la discriminación contra estas personas, especialmente en instituciones educativas, en el área laboral, en la institución policial y en centros de reclusión-.

Aunque Colombia presente avances en relación con la igualdad de géneros, la mujer todaví­a es victima de desigualdad. Situación que es explicitada, -especialmente, en las áreas de oportunidades, empleo, participación y salud-. Las dificultades se ven agravadas cuando la mujer pertenece a otras minorí­as como: indí­gena, afro-colombiana, de comunidades aisladas, o fueron reubicadas por el conflicto armado.

Estas condiciones aproximan a esas mujeres a la prostitución y al tráfico de personas. El informe agrega que -varios grupos particularmente vulnerables fueron fletados por la acción violenta de los grupos al margen de la ley en el contexto del conflicto armado interno, así­ como por violaciones a sus derechos y libertades fundamentales-.

Traducción: Daniel Barrantes - barrantes.daniel@gmail.com