Este intercambio de agua entre particulares es en la práctica el primer caso de puesta en práctica de un banco de agua privado en España, lo que va en contra de lo que debe ser la gestión racional de un bien público como es el agua. Además es un trasvase entre cuencas, lo que implica las mismas graves consecuencias ambientales y sociales que cualquier otro trasvase.

Pero lo que es aun más grave es que se da en situación de sequí­a extrema en la cuenca cedente, la Cuenca del Tajo, y cuando en aplicación del régimen de explotación del ATS no es posible enviar agua para riego al Levante. En estas condiciones resulta aberrante que se pueda permitir una transacción entre particulares que usan una infraestructura pública para el traslado de agua de una cuenca a la otra forzando la legalidad que está vigente hasta la fecha.

Ecologistas en Acción considera que de existir bancos de agua éstos debieran ser públicos y administrarse teniendo en cuenta prioritariamente las necesidades de la cuenca cedente. Si hay una concesión que no se está ejerciendo lo que hay que hacer es declarar su caducidad y en todo caso incorporar esos recursos a una reserva estratégica o a demandas no satisfechas en la propia cuenca.

Ante esta sinrazón que el MIMAM está fomentando irresponsablemente, Ecologistas en Acción exige del Ministerio del Medio Ambiente que ejerza el derecho de retracto o inicie un expediente de caducidad de la concesión, ya que esa dotación de agua que se pretende trasvasar por el ATS al margen del régimen de explotación del mismo tiene en la Cuenca de Tajo muchos posibles usos. Entre ellos, atender la demanda medioambiental, que para más desgracia, sigue sin estar debidamente cuantificada por la Confederación Hidrográfica del Tajo, o bien constituir una reserva estratégica para atender necesidades de abastecimiento en la Cuenca del Tajo.

Ecologistas en Acción hace también culpables de esta situación a las Comunidades Autónomas de Madrid y, especialmente, de Castilla-La Mancha que con sus actos y silencios han permitido que se llegue a este punto. No es de recibo que ambos gobiernos regionales estén reclamando agua e infraestructuras y que cuando hay una oportunidad de conseguirla no actúen diligentemente para reclamarla. En el caso de Castilla-La Mancha las concesiones constantes a los regantes están llevando a la Junta a graves contradicciones que le hace perder fuerza en sus reclamaciones por su incoherente polí­tica en materia de aguas.