Mañana 14 de febrero el Parlamento Europeo debatirá el actual contenido de la directiva de liberalización del sector servicios, también conocida como directiva Bolkestein. Sin embargo, el Parlamento no tiene capacidad decisoria sino que será la Comisión Europea, un órgano que no ha sido elegido democráticamente, la encargada de modificar y aplicar una legislación transnacional que afectará al conjunto de la población de los 25 paí­ses miembros.

Tal y como ha destacado Javier Ruiz Perpén, responsable de organización de Administración Pública de CGT, -En el estado español apenas si ha habido noticias sobre esta medida cuando afecta a un sector que representa el 70% del empleo y del PIB-. Esta actitud por parte de los medios de comunicación y de los grandes partidos polí­ticos contrasta con el acalorado debate que se está produciendo en paí­ses como Francia, que votó no al Proyecto de Constitución Europea tras una amplia polémica en la que pesó definitivamente la información a la que tuvieron acceso los ciudadanos y que significó la crí­tica abierta al modelo de Europa consagrado por la directiva Bolkestein, o Alemania donde el Ministro de Trabajo ha anunciado la introducción de un salario mí­nimo para compensar la directiva.

– La idea es desregular, es decir, acabar con cualquier reglamentación que afecte a los servicios, incluyendo los que hasta ahora están garantizados y regulados por el Estado. Será una desregulación en lo laboral, en materia de seguridad y salud y en lo medioambiental-, añade Ruiz Perpén. A este hecho hay que añadir la introducción de una diferenciación entre paí­s de origen y paí­s de destino, según la cual, una empresa radicada en un paí­s como Rumaní­a pero que ofrezca sus servicios en España sólo estará obligada a respetar la legislación del paí­s de origen -lo que generará como consecuencia una deslocalización brutal hacia paí­ses con legislación más laxa además de una rebaja de las condiciones laborales actuales-, afirma Javier que recuerda asimismo las significativas palabras pronunciadas por Wolfgang Wiegard, del Consejo de Expertos Económicos de Alemania y firme defensor de la directiva, según las cuales -los sueldos altos empobrecen Alemania-.

Por su parte, Domenec Ortolí , miembro de la dirección colegiada de Intersindical Valenciana, apuntó que, en esencia, la directiva -rechaza la idea de una armonización social al alza en Europa y establece un auténtico dúmping económico y ecológico, ya que las empresas tendrán derecho a ubicarse en paí­ses con normativas menos desarrolladas y aplicarlas en los paí­ses de destino- rompiendo así­ la regulación estatal vigente de los paí­ses de destino. En definitiva, según Ortolí , -esta directiva significa la voluntad expresada por las élites de avanzar en la construcción de una Europa neoliberal sin matizaciones-.

– La estrategia es ir desmantelando el Estado de Bienestar-, recalcó a su vez Aitor Manero, Secretario General de CGT Valencia, quien expuso el cariz antidemocrático de un proceso de construcción europea en el que el peso de las decisiones fundamentales como ésta recae en la Comisión Europea. De esta forma -Además de luchar para parar esta directiva hay que luchar para parar el poder de la Comisión-.

Para concluir, los tres sindicalistas informaron de las movilizaciones que se producirán mañana en toda Europa, las primeras si la directiva sigue en marcha. A la concentración de mañana en Valencia, convocada por Intersindical Valenciana y la Confederació General del Treball a las 19h en la Plaza de Manises, se han adherido otras organizaciones sociales, sindicales y polí­ticas.