Los sindicatos españoles, al igual que la Confederación Europea de Sindicatos, consideran que es necesaria una reforma en profundidad de esta directiva de los servicios en el Mercado Interior.

El Parlamento Europeo se pronunciará sobre el proyecto de directiva relativa a la los Servicios del Mercado Interior. Esta directiva, llamada Bolkestein, conceptúa los servicios como simples mercancí­as y olvida los derechos sociales de los trabajadores.

La Confederación Europea de Sindicatos (CES) ha mostrado su rechazo en varias ocasiones a este proyecto de directiva ya que se opone, desde un principio, al método sugerido en ella para llevar a cabo el Mercado Interior de Servicios (ver documento la CES ante la Directiva sobre Servicios del Mercado Interior). La CES considera que el principio de \"paí­s de origen\", que se incluye en el proyecto, es peligroso para el buen funcionamiento del mercado de los servicios fundamentales, especialmente en materia de empleo y de Servicios de Interés General (SIG).

Por otra parte, un aumento de la competencia pondrí­a en peligro la misión fundamental de lo que es un servicio público que tiene que ser protegido por la legislación europea. La CES también se opone a que la legislación laboral y los convenios colectivos sean considerados obstáculos a evitar para la libre circulación de los servicios. Al contrario, considera que estos dos elementos constituyen los pilares esenciales de la Europa social, garantizando la calidad de los empleos y la seguridad de los trabajadores.

Tal y como está propuesto en el proyecto de directiva, el principio de \"paí­s de origen\" disminuye el nivel de las protecciones mí­nimas existentes y facilita el desgaste de las relaciones industriales, particularmente teniendo en cuenta que no hay legislación europea alguna sobre trabajo temporal en la actualidad.

Este proyecto pretende cubrir la totalidad de los servicios (excepto los servicios financieros, transportes y telecomunicaciones que tienen ya su propia directiva o proyecto de liberalización especí­fica). La propuesta cubre todos los servicios que se pueden ofrecer al consumidor y a las empresas ya sean in situ o a distancia (internet). Comprende una amplia gama de actividades como la distribución, la construcción (incluyendo la arquitectura), los servicios del sector del ocio (agencias de viaje, etc.), los servicios relacionados con las tecnologí­as de la información, la publicidad, el alquiler de coches, seguridad privada, servicios audiovisuales y de sanidad. También entran en su campo de aplicación las profesiones siguientes: médicos, abogados, asesores fiscales, cultura, servicios a las personas, etc., así­ como el trabajo temporal, el trabajo fijo discontinuo y la movilidad geográfica.

Se calcula que con esta directiva se cubre el 50% de la actividad económica de la UE. La adopción de la Directiva Bolkestein abrirí­a la puerta a cualquier tipo de abuso ya que pretende regular en los paí­ses miembro lo que todaví­a depende de los servicios públicos y de interés general. También pone en tela de juicio la protección de los consumidores. La Directiva Bolkestein abre las puertas al dumping social, ya que con ella se podrí­a importar mano de obra barata sin necesidad de deslocalizar empresas.