Mediante la orden 903/2001, se inicia el procedimiento de tramitación del Plan de Ordenación de Recursos Naturales para la Zona de Especial Protección donde está incluida la carretera. En dicha orden, la Comunidad de Madrid procedió a proteger especí­ficamente la zona señalándose que no se podrí­an otorgar licencias de autorización para actos de trasformación sin que se emita previamente un informe favorable por la Consejerí­a de Medio Ambiente. A pesar de lo cual dicho informe no ha sido elaborado.

Además, la legislación especifica de impacto ambiental establece que precisan de procedimiento de Evaluación Impacto Ambiental, las ampliaciones de carreteras convencionales que impliquen su transformación en autopista, autoví­a o carretera de doble calzada en una longitud continuada de más de 10 kilómetros, esto es, la carretera M-501.

Además, la zona está incluida en las LIC (Lugares de Interés Comunitario) que han sido definidas así­, para proteger los hábitats y las especies salvajes de ciertos lugares donde sobresalen especialmente, y se establece en su legislación especí­fica que los actos que los trasformen precisarán entre otras cosas: declaración de Impacto Ambiental y su previa Evaluación de Impacto Ambiental, proceso de información pública, comunicación al Ministerio de Medio Ambiente y consulta previa a la Comisión Europea. Ecologistas en Acción advierte que salvo error u omisión no se han hecho ninguna de estas actuaciones.

Además, Ecologistas en Acción considera que se ha cometido un fraude de ley con el procedimiento que se ha empleado para aprobar por el Consejo de Gobierno la obra, ya que, éste se fundamenta en una supuesto -conflicto de intereses- entre la Consejerí­a de Medio Ambiente y de Ordenación del Territorio, con la Consejerí­a de Obras Públicas. El Consejo de gobierno -desempatarí­a- para decidir entre una de las dos, pero este conflicto de intereses no existe realmente, ya que se fundamenta en una situación pretérita y que ha cambiado, ya que pesa sobre la zona en la actualidad otro régimen jurí­dico, distinto del régimen jurí­dico sobre el que supuestamente estarí­a interviniendo el Consejo de Gobierno en este supuesto desempate.

Cabe destacar del contencioso administrativo interpuesto que, los Informes de Accidentalidad de la Dirección General de Carreteras de la Consejerí­a de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid (años 2000 a 2004) establecen que -no ha habido ningún punto negro en el tramo de carretera que se pretende desdoblar en los años 2000 a 2004. De hecho, no se ha detectado ningún punto negro en toda la M-501 en los 3 últimos años-. De igual forma, según los informes, el número de tramos negros en el itinerario de carretera del proyecto de referencia (desdoblamiento de la M-501 entre Quijorna y Navas del Rey), es sensiblemente inferior al número de tramos negros existentes en el tramo actualmente desdoblado. Llama la atención de la Asociación Ecologista el crecimiento significativo de puntos negros y del número de accidentes que han ocurrido en la parte ya desdoblada durante el año 2004, mientras que en el resto de la carretera no repunta ninguno de estos valores, por lo que el interés general de esta actuación administrativa es dudoso.

Para terminar, la redacción de diarioforestal.es ha de destacar, que en el escrito contencioso administrativo presentado por Ecologistas en Acción-CODA, se asegura que el acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid de fecha 21 de julio de 2005 (por el que se resuelve la presunta discrepancia y se aprueba la obra al declararla de interés general) no ha sido publicado en el Boletí­n Oficial de la Comunidad de Madrid. Algo que fuentes jurí­dicas consultadas consideran sorprendente, ya que la mera declaración de interés general tomada por un Consejo de Gobierno de una comunidad autónoma, conllevarí­a al menos, que la decisión fuese publicitada a sus propios ciudadanos.

Ares-Noticia-08/02/2006