El ejercicio de una actividad de servicio debe reglamentarse por el derecho del paí­s en el que se presta el servicio. Cualquier otra solución conlleva elevado riesgo de concurrencia a la baja entre los Estados miembros en términos de reglamentación y calidad, lo que nos conduce hacia un dumpig social donde los únicos que tendrán sanidad, educación y servicios, serán aquellos que se lo puedan pagar.
El propósito de esta directiva es la liberalización del "comercio de servicios" entre los miembros de la UE, lo que está vinculado a los procesos actuales de la privatización del sector público y al consiguiente deterioro de los servicios sociales en todas las regiones del mundo. El efecto es la remodificación y cambio de concepto de lo que hasta ahora conocí­amos como servicios básicos, es decir, que en aquellos paí­ses, estados, áreas geopolí­ticas, donde las personas, hasta ahora, accedí­amos a estos servicios como derechos ciudadanos, éstos se convierten en mercancí­as que habrá que comprar, con lo que millones de personas con bajos recursos no tendrán acceso a ellas.

Por ello, y en beneficio de toda la ciudadaní­a europea, por delante de las multinacionales que quieren sacar tajada de las privatizaciones de los servicios públicos la CGT hace un llamamiento a la movilización social para frenar y desmantelar "“en la medida de lo posible"“, las estrategias por la competitividad, las cuales utilizan todos los factores humanos, empresariales, ambientales, territoriales e institucionales, como recursos para atraer inversiones, para ser más competitivos que la empresa de al lado, de la región, del paí­s, etc.

Al mismo tiempo exigimos que todos los servicios públicos, y en particular los servicios sociales y de agua, deben ser excluidos del ámbito de aplicación de la Directiva.

Las preocupaciones por la desigualdad, el reparto de la riqueza, la equidad social, la calidad de vida, las formas autónomas-locales de producir, el medio ambiente, la tierra, la igualdad, la equidad...no tienen precio y no cuentan en esta lógica instituida por la OMC y donde la UE pretende instalar previamente dicho modelo de

Es por ello que la CGT a través de sus Federaciones del Área pública hace un llamamiento a toda la ciudadaní­a que se posicione en contra de esta directiva Bolkestein y a que tomemos las calles el próximo dí­a 14 de febrero en las movilizaciones que esta organización realizará en todo el territorio del estado.

NO A LA DIRECTIVA BOLKENSTEIN

SERVICOS PUBLICOS PARA TODAS/OS