Hace poco más de un año miles y miles de personas se manifestaron en todo el estado contra la nueva Ley de Extranjerí­a, apoyando los encierros y las protestas de los sin papeles. Y aunque la situación ahora es más grave que nunca, corremos el peligro de que los movimientos sociales nos olvidemos de la guerra social que declara a los inmigrantes "presas de caza".

Más de 400 expulsiones en un mes solo en Murcia. Cientos de personas encarceladas en un viejo aeropuerto de Fuerteventura como esclavos enjaulados. Grupos racistas atacan con bates de hierro a inmigrantes jornaleros en Huelva. Diariamente muertos en el Estrecho. Interior firma tratados con paí­ses africanos para la rápida deportación hacia aquellos paí­ses y ordena a las delegaciones de gobierno que nieguen permisos de trabajo y residencia. En Barcelona unos guardias matan a un Ecuatoriano. Los músicos en el Metro están perseguidos. Violentas cargas policiales contra los inmigrantes sin papeles en lucha, con posterior expulsión de algunos. El gobierno amenaza a todos los inmigrantes que no estén escondidos o invisibilizados. Se logra generar una concepción paranoica en torno de la inmigración, estigmatizándola como peligrosa. Esto es una demostración más de una aplicación agresiva de la Ley de Extranjerí­a y de una represión constante de la población inmigrante no solo en el Estado español, sino en toda la Unión Europea.

Y quien sensibiliza a la sociedad para movilizarse contra este estado de cosas, se encuentra rápidamente amenazado. Como Nico Sguiglia (de la red Ninguna persona es ilegal, Malaga) que junto con otras 30 personas del Movimiento contra el paro, la pobreza y la exclusión social acamparon a las puertas del Centro de Internamiento (CIE) de Malaga para protestar y mostrar su repulsa a las deportaciones de los inmigrantes y siendo violentamente agredidos por la policí­a. Nicolás Sguiglia recibió además una orden de expulsión, acusado de desorden público. Aunque el compañero tiene la doble nacionalidad italo-argentina pretenden expulsarlo ateniéndose a un vací­o legal relacionado con los casos de desorden público para ciudadanos comunitarios. Aplican la actual Ley de Extranjerí­a y un artí­culo de la Ley Corcuera de Seguridad Ciudadana. Dicha orden de expulsión se esta llevando a cabo por ví­a administrativa, a pesar de que el juicio, que demostrarí­a su inocencia, no ha tenido lugar.

Esto no es sino una demostración más del uso de la represión por parte de las fuerzas del orden, con el beneplácito del gobierno, como repuesta a las acciones pací­ficas y solidarias que llevan a cabo los distintos movimientos sociales. En estos momentos se está creando una conciencia mundial que denuncia los abusos y violaciones que se cometen contra derechos humanos básicos como el derecho de vida, expresión, manifestación, movimiento o residencia y se están generando nuevas interconexiones entre las diferentes luchas locales/globales, utilizando diversas formas de expresión, buscando construir un mundo igualitario, justo y humano.

Ante las movilizaciones ciudadanas contra la Globalización capitalista en general, y en contra la presidencia española de la UE en concreto, el gobierno del PP toma medidas cada vez más violentas. Detenciones extrajudiciales como en el desalojo de la acampada en contra de la LOU en Sevilla. Intentando dividir los movimientos, buscando "interlocutores validos" mediante la actuación de cuerpos especiales de policí­as secretas. En Barcelona se pone de prueba el "estado de excepción": ampliar las competencias de la judicatura en ví­spera de detenciones masivas y juicios en 24h, el enví­o de tropas policiales especiales y hace meses entrenados, desalojo de Centros Sociales, control de teléfonos y Internet, vinculación absurda de los movimientos sociales con la lucha armada, etc.

La Unión Europea tiene solo objetivos de beneficios económicos y la construcción de un espacio único monetario, militar y policial; apostando por el aumento del control ciudadano, restringiendo los derechos humanos, definiendo nuevas fronteras hacia dentro y fuera de los paí­ses europeos. Sin embargo la legitimidad del poder polí­tico económico está en crisis, y la única reacción que los gobiernos son capaces de articular es el uso de la violencia y declarar "enemigos" o "terroristas" a las personas que luchan por la justicia y la dignidad.

Ante esta situación no basta con firmar declaraciones y lamentar los hechos. Tenemos que hacer una reflexión rápida y una acción polí­tica precisa: dentro y fuera de nuestros espacios. El hecho de la posible expulsión de un compañero nos ha hecho pensar, ahora tenemos que actuar, aunque no conozcamos a la gente que sufre la violencia del estado y el dinero. Llamamos a todos los grupos, redes, organizaciones y colectivos a integrar la lucha por la libre circulación, el rechazo de la violencia racista y la organización colectiva solidaria en contra el aumento de la represión y la criminalización de los movimientos sociales en su trabajo cotidiano.

– Les comunicamos una "rueda de prensa" el dí­a 5 de marzo de 2002 a las 12 horas en mitad de la calle Bretón de los Herreros 41 (Rí­os Rosas).

– Además se va realizar una manifestación de los movimientos sociales de Madrid en paralelo a las acciones contra la Cumbre de la UE en Barcelona bajo el lema "El barrio, la ciudad, el mundo que queremos. Contra la especulación y recuperamos los espacios públicos." El dí­a 13 de marzo a las 20 horas en la Plaza Isabel II (Opera).

– Manifestacií²n contra la precariedad laboral y la exclusión social, 15 de marzo a las 20 horas de Colon a Alonso Martí­nez.

– Y les invitamos a reflexionar de actuar coordinadamente los dí­as 21 de marzo (Dí­a Internacional contra el Racismo) y en el mes de abril contra la Cumbre de la UE en Canarias sobre Inmigración.

NO A LAS LEYES DE EXTRANJERIA

BASTA DE BRUTALIDAD POLICIAL
CONTRA LAS DEPORTACIONES Y LOS CENTROS DE INTERNAMIENTO

TODOS SOMOS INMIGRANTES y TODOS SOMOS CLANDESTINOS