Desde la constitución de la Consejerí­a de Inmigración el pasado mes de septiembre, el Gobierno regional ha emprendido una campaña publicitaria para camuflar la dejación de funciones en esta materia.

Previamente a la presentación de esta guí­a, fue improvisada una campaña, con un coste reconocido de medio millón de euros, que asignaba la condición de madrileños a una selección de trabajadores extranjeros modelo.

Estos anuncios subrayaban el esfuerzo de los trabajadores extracomunitarios por parecerse a los autóctonos, y advertí­an sobre la necesidad de que aquéllos siguieran en su empeño de asimilación, pues una ciudadaní­a diferencial, mestiza, de geometrí­a variable, no es posible entre los madrileños, al menos mientras continúe en el poder la actual Administración regional.

Hay por ello que entender enmarcada en esta campaña la Guí­a de primeros pasos para inmigrantes, que resulta confusa cuando informa de los procedimientos administrativos y escasamente útil por innecesaria.

La inmigración no es un hecho nuevo en Madrid, como pretenden hacer creer el Gobierno regional a la ciudadaní­a desde que fuera aprobada la creación de la Consejerí­a que lidera Lucí­a Figar. Por el contrario, se trata de una realidad social consolidada que ha creado sus propias redes de apoyo y autoayuda, más o menos informales.

Con un sueldo de ayudante de camarero, reponedor, limpiador, peón de reparto, ordenanza, etc., nichos laborales de entrada para trabajadores extranjeros, resulta imposible iniciar un proyecto de vida digno en Madrid si se carece de una red de apoyo social consolidada.

Pero de la realidad de cómo se inicia una vida digna en Madrid con un salario de entre 400 y 900 euros mensuales, la Guí­a no informa, pues es sólo un brindis al sol para ocultar la dejación administrativa regional, mantenida todaví­a hoy en todas las polí­ticas de integración eficiente de los trabajadores extranjeros.

UGT-Madrid cree imprescindible que las tres Administraciones (central, local y autoní¯¿Â½mica) coordinen esfuerzos entre sí­ y con los agentes sociales al objeto de suscribir un Pacto Regional por la Inmigración para evitar que la situación de los trabajadores extranjeros y de sus familias sea utilizada en cualquier pugna electoral.