Sin embargo la orden judicial proferida el 12 de diciembre de 2005
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, prohí­be al gobierno
por medio de medida cautelar suscribir un acuerdo, parcial o total,
y/o la refrendación de acuerdo alguno que resulte lesivo de los
derechos colectivos de los consumidores y usuarios; al manejo racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo
sostenible, su conservación, restauración o sustitución; a la conservación de las especies animales y vegetales; a la protección
del conocimiento tradicional de los de las comunidades indí­genas
y campesinas; a la libre competencia económica; a la salud, y a la
seguridad alimentaria. Por tanto, dado que la medida cautelar se
encuentra vigente, la negociación adelantada por el gobierno en
Washington no podrá formar parte de ningún acuerdo comercial que el gobierno quiera suscribir.

La actitud del gobierno colombiano insistiendo en las negociaciones y desconociendo lo ordenado judicialmente, constituye una burla a la decisión judicial y un detrimento al patrimonio del Estado, ya que se está gastando dinero público en una negociación prohibida por orden judicial. Si el gobierno suscribe algún acuerdo en las condiciones arriba mencionadas, incurrirá en desacato, con las consiguientes consecuencias disciplinarias y penales.

La opinión pública debe tomar nota que el gobierno no respeta ni
leyes ni instituciones si no sirven a sus intereses. El movimiento
popular y toda la ciudadaní­a deben rechazar estos procedimientos
y condenar la inminente suscripción del TLC.