Los vecinos recuerdan el dictamen motivado de la Comisión Europea sobre la infracción 2001/5061 (firmado por Margot WALLSTRí–M en diciembre de 2002) en el que se decí­a literalmente "La Comisión entiende que, sobre la base de una apreciación global, no puede considerarse que los proyectos de urbanización,..., realizados en zonas urbanas no sean susceptibles en ningún caso de tener repercusiones importantes sobre el medio ambiente, especialmente teniendo en cuenta que el artí­culo 3 de la Directiva menciona entre los factores que deben considerarse a la hora de evaluar el impacto ambiental de un proyecto el ser humano, la fauna y la flora, así­ como los bienes materiales y el patrimonio cultural. Así­, la Comisión considera que es razonable pensar que este tipo de proyectos pueden tener efectos significativos en el medio ambiente, entendido éste en el sentido amplio que le otorga la Directiva 85/337/CEE, bien sea por el aumento de tráfico, ruido, contaminación, por su impacto en el patrimonio artí­stico o por cualquier otro motivo. Por esta razón es exigible que, en los citados casos, las autoridades competentes determinen si la ejecución de tales proyectos puede provocar efectos significativos en el medio ambiente y, en caso positivo, los sometan a una evaluación de conformidad con lo establecido en los artí­culos 5 a 10."

Denuncian que este precedente justifica la afirmación de un incumplimiento deliberado y legalmente punible de la legislación en función de intereses personales y partidistas, entendiendo que el Ayuntamiento desprecia la salud de los madrileños, en especial niños y mayores (según varios estudios cientí­ficos), frente a beneficios económicos y electorales.

Recuerdan que estas obras, a pesar de lo que quiere mostrar la maquinaria publicitaria del Ayuntamiento, tienen en estos momentos dos expedientes abiertos en la Comisión Europea motivados por la exención de Informe de Impacto Ambiental: 2004/2080 y 2005/4483.

Afirman que tanto la Comunidad de Madrid como el Mº de Medio Ambiente están inclumpiendo sus obligaciones ya que, como recoge el dictamen citado, "corresponde a las autoridades del Estado miembro adoptar las medidas necesarias para que los proyectos sean examinados con el fin de determinar si pueden tener repercusiones importantes sobre el medio ambiente y, en caso afirmativo, para que se sometan a un estudio de su impacto ambiental".

Exigen la participación activa de la Fiscalí­a de Medio Ambiente que, a dí­a de hoy, no ha dado muestras de cumplir sus obligaciones de salvaguardar el marco legal que protege a los ciudadanos de los abusos de poder en materia de salud pública y medio ambiente.

Convocan a todos los ciudadanos de Madrid a la manifestación prevista para el viernes 27 de Enero, a las 19´00 desde Avda. del Planetario esquina a C/ Embajadores, hasta lo que queda del Invernadero en el Parque de Arganzuela, en defensa del derecho a la vida y a la salud de los vecinos de esta ciudad frente a los intereses electorales de una minorí­a.