Madrid es la única gran ciudad de todo el territorio nacional donde los carritos de bebés tienen limitaciones de acceso al transporte público, autobuses, metro y cercaní­as.

Madrid es singular en esta materia, de acuerdo con los datos de que dispone la Organización, ya que este tipo de restricciones no existen tampoco en los transportes públicos de ninguna de las grandes capitales europeas.

Estas restricciones son consecuencia de:

1.- la falta de sensibilización de los poderes públicos, Administración Autonómica y municipal, acerca de la eliminación de las enormes barreras arquitectónicas que existen en el acceso a los transportes públicos.

2.- la actual normativa que restringe el acceso a los ciudadanos que quieren desplazarse por Madrid en transporte público tales como personas con carritos o cochecitos de niños, personas con carros para transportar la compra y personas con equipajes de viaje, maletas y mochilas.

En el caso de la EMT, UGT denuncia que en estas restricciones vienen como consecuencia de la posición abusiva de las administraciones públicas implicadas, Comunidad y Ayuntamiento de Madrid, que trasladan a los conductores la decisión e, indirectamente, la responsabilidad del acceso de estas personas a los autobuses.

UGT entiende que tiene que modificarse de manera urgente las normas reglamentarias de acceso al transporte público para que prime el principio de que el \"transporte público está al servicio de los ciudadanos\" y que las restricciones de acceso al mismo tienen que estar expresa y taxativamente detalladas en el reglamento con el fin de que se exima a los conductores de la toma de decisiones que, como parece obvio, no les corresponde asumir.

Además UGT entiende que, en relación con el acceso de padres, madres con carritos de niños, deben ser los propios padres los que, atendiendo a las circunstancias, decidan utilizar o no el transporte público, ya que son ellos, los más interesados en garantizar la seguridad de los menores.

No puede seguir utilizándose argumentos que apelan a la seguridad para seguir restringiendo por más tiempo la movilidad en el transporte público a miles de los ciudadanos y ciudadanas madrileños.

Finalmente, UGT considera que es necesario que los trabajadores de los transportes públicos puedan acceder a programas de formación para atender adecuadamente y de manera singular las necesidades de acceso y uso del transporte público de cada uno de estos colectivos, ya sean personas discapacitadas o con movilidad limitada por carros o equipajes bajo el principio general de que \"El transporte público es para las personas y son estos los que tienen que marcar la prioridad de su uso y disfrute\".