En los paí­ses latinoamericanos, los casos de violencia fueron constatados, por la HRW, principalmente en los sistemas carcelarios de los paí­ses. En Argentina, la constatación fue la de que tres presos fueron asesinados cada semana en Buenos Aires, hasta marzo de 2005. Este número es tres veces mayor que el registrado en 2004. Y esta situación no es muy diferente en otras regiones. En la provincia de Córdoba, cinco presos fueron muertos durante un motí­n, en febrero del año pasado.

La violencia en Brasil toca, además de las prisiones, al conflicto en el campo y a los defensores de derechos humanos. Según el informe, a pesar de los esfuerzos gubernamentales, -pocas veces se consiguió llevar a la justicia a los responsables de las violaciones-. En conflictos por la posesión de la tierra, la población indí­gena y los trabajadores sin tierras son las mayores ví­ctimas. Discriminación, amenazas, ataques violentos y asesinatos amedrentan a los que luchan por sus derechos. Entre enero y agosto de 2005, 28 personas murieron ví­ctimas de conflictos en el campo.

El gobierno de Ricardo Lagos, en Chile, abortó la reforma del sistema judicial. Los tribunales del paí­s todaví­a permiten que militares juzguen a civiles en casos de asalto contra la policí­a. Pero hubo un avance en relación con las reformas constitucionales que se convirtieron en leyes, eliminando la mayorí­a de los aspectos autoritarios de la Constitución, introducida por el ex-dictador Augusto Pinochet, en 1980.

Según el informe, la más grave situación de derechos humanos en América Latina es la de Colombia. Los conflictos internos que envuelven a grupos paramilitares, fuerzas gubernamentales y grupos guerrilleros transformaron a la población del paí­s en una de las que tienen mayor cantidad de personas trasladadas forzadamente en todo el mundo. Los grupos paramilitares y guerrilleros fueron responsables, en 2005, de masacres, asesinatos, desapariciones forzadas, secuestros, torturas y extorsiones.

En Perú, hubo un avance en los procesos contra los que violaron los derechos humanos durante el conflicto armado, de 1980 a 2000, pero todaví­a hay problemas como: falta de recursos, falta de investigadores capacitados y la falta de cooperación de las fuerzas armadas.

Los autores del informe criticaron además al gobierno de Fidel Castro, en Cuba, que reprime casi todas las formas de oposición polí­tica. Agregaron que el gobernante está hace 47 años en el poder y no demuestra voluntad de realizar reformas en el paí­s. El Gobierno de Hugo Chávez, en Venezuela, también fue criticado por el informe. Según los autores, desde que ganó el Referendo Nacional - en 2004 - sobre su permanencia en la Presidencia, el presidente venezolano -adoptó medidas para debilitar la independencia del Poder Judicial del paí­s, involucrando a la Corte Suprema con sus aliados. También promulgó leyes que amenazan seriamente la libertad de prensa y la libertad de expresión-.

Impunidad es la palabra que define la situación de los derechos humanos en Guatemala, según el informe. -Los actos constantes de violencia polí­tica e intimidación amenazan revertir los pocos avances que fueron alcanzados en los últimos años para la promoción de los derechos fundamentales-. Los mexicanos también enfrentan problemas con el sistema carcelario. Los presos sufren maltrato y torturas, los responsables por investigar esas violaciones a los derechos humanos, con frecuencia, desisten de realizarlas. Las reformas propuestas por el presidente Vicente Fox para disminuir esas violaciones no tuvieron el resultado esperado.

Las denuncias de tortura y malos tratos cometidos por los soldados estadounidenses en la lucha contra el terrorismo son entendidas por HRW como -una polí­tica consciente, escogida por las autoridades del más alto escalón del gobierno, y no delitos cometidos por algunos soldados aisladamente-. El fiscal general de la entidad, Alberto González, dijo que EEUU aceptaba el maltrato de detenidos siempre que ellos estuvieren en el extranjero y no fuesen ciudadanos estadounidenses.

La lucha de EEUU contra el terrorismo dio posibilidad a paí­ses como Uzbekistán, Rusia y Sudán, entre otros, a usar la disculpa del combate a -terroristas islámicos- para atacar a sus oponentes polí­ticos. El gobierno de Uzbekistán masacró a cientos de manifestantes en Andijan. En Sudán, el gobierno consolidó una -limpieza étnica- en Darfur, occidente del paí­s.

Traducción: Daniel Barrantes - barrantes.daniel@gmail.com