Según la entidad desde las protestas de abril pasado, los policí­as, a cargo del coronel Hernán Feijó, conducen a las personas detenidas en el sector de la Santa Prisca - mayoritariamente colegiales de 11 a 17 años - a camiones estacionados en el parqueadero del Parlamento.

También los baños de las entradas al Legislativo han sido usados como calabozos. Allí­, los chicos permanecen durante muchas horas, dependiendo el momento en que hayan sido arrestados, antes de ser trasladados a un centro de detención legal.

De acuerdo con varios testimonios recogidos en la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, durante el traslado y una vez en el camión, los colegiales reciben puñetazos, patadas, toletazos y gas en los ojos y en la boca. También son golpeados con tubos. Algunos chicos incluso han mencionado amenazas de carácter sexual por parte de los policí­as. Antes de salir en libertad, todos los detenidos son acusados de haber roto algo y sus padres de familia deben pagar sumas que a veces alcanzan cientos de dólares para volver a ver a sus hijos.

– Los policí­as apostados en el Congreso detestan, además, la labor de las instituciones de derechos humanos, y varios de nuestros compañeros han sido insultados y agredidos por acercarse a los detenidos y preguntarles sus nombres, cédulas y algún número de teléfono. Esto a pesar de que la ley garantiza el derecho de las personas arrestadas a que su detención sea conocida por familiares y el derecho de los organismos de derechos humanos a realizar su labor-, afirma la CEDHU.