Ecologistas en acción de Andalucí­a señala en sus alegaciones que el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucí­a, POTA, parte de una noción del territorio limitada a ser soporte de actividades económicas, lo que junto a la búsqueda incesante de competitividad, nos han llevado ya a la actual situación de insostenibilidad y destrucción del patrimonio natural y cultural de Andalucí­a.

Aunque siempre será mejor tener un Plan que introduzca criterios ambientales y de sostenibilidad en la Ordenación del Territorio que no tener ningún plan y dejar ésta al albur de criterios de negocio como hasta ahora, la ambigí¼edad y generalidad de los criterios que aparecen en esta propuesta sometida a información pública los hacen difí­cilmente aplicables. Por otra parte, la experiencia de los Planes Subregionales y los PGOUs de los principales municipios del litoral expuestos o aprobados hasta ahora, indican que cuando se pasa de la literatura genérica sobre sostenibilidad a su aplicación práctica, las Consejerí­a de Obras Públicas y Medio Ambiente se pliegan a las presiones de los negocios pactados por los alcaldes del PSOE, convirtiéndose en cómplices subordinados a los intereses de los grandes negocios inmobiliarios.

Desde Cabo de Gata hasta Ayamonte, en la Costa del Sol, el litoral gaditano, el Aljarafe Sevillano o la Vega de Granada, el ladrillo y el hormigón destruyen el medio natural saltando por encima de leyes, planes o criterios de sostenibilidad, invadiendo incluso Parques Naturales, serraní­as, o zonas de campiña. La destrucción del medio rural avanza apoyada en las grandes infraestructuras que se construyen con dinero público, autoví­as, AVEs, embalses y trasvases que "ordenan" el territorio para su privatización y puesta en venta. Todo ello con el apoyo de una administración pública que ha puesto en marcha la creación de una "sostenibilidad" virtual con la que pretende disfrazar una realidad insostenible.

El POTA no será un instrumento válido para afrontar esta situación si no va acompañado de un giro en la voluntad polí­tica de los dirigentes de Andalucí­a. La Junta de Andalucí­a no puede limitar sus denuncias e intervenciones de control sólo a los ayuntamiento de signo polí­tico diferente, sino que debe intervenir claramente en la aplicación de polí­ticas de sostenibilidad en el conjunto del territorio. Para ello deberá cumplir y hacer cumplir normativas y convenios internacionales ratificados por el Estado Español, tales como los referentes al cambio climático, Kyoto, o Normativas Comunitarias, como la de Hábitats y las referentes al agua. Nada de ello parece contar en la actual propuesta de POTA, y sin estos criterios mí­nimos Ecologistas en Acción considera que Andalucí­a seguirá siendo terreno abonado para la delincuencia urbaní­stica y las mafias organizadas que la alientan y negocian con ella.