El empresario Edgar Ordóñez Porta "desapareció" en mayo de 1999. Poco después se encontró su cuerpo mutilado. Las investigaciones hechas por su hermano Hugo indican que los autores de la muerte pueden haber sido miembros del ejército cuyos intereses económicos se veí­an amenazados por el pequeño negocio de refinerí­a que acababan de abrir los hermanos.

El ejército ofreció ayuda a Hugo Ordóñez para encontrar a su hermano con la condición de que su periódico dejara de criticar al gobierno. Las investigaciones del ejército no llegaron a ninguna parte, y Hugo Ordóñez se convenció de que la "ayuda" ofrecida por el ejército en realidad pretendí­a desviar la investigación. Después, él y su familia tuvieron que huir del paí­s temiendo por su seguridad.

Madrid/Londres.- El caso de Edgar Ordóñez es un claro ejemplo de las violaciones de derechos humanos que se cometen en la Guatemala actual en el marco del llamado "Estado de Mafia Corporativa", en el que ciertos agentes económicos, como filiales de corporaciones multinacionales, actúan en connivencia con sectores de la policí­a y el ejército y con delincuentes comunes para lograr intereses económicos mutuos y luego conspiran con estas mismas fuerzas para eliminar e intimidar a quienes se interponen en su camino, saben demasiado o intentan investigar sus actividades.

En un informe que se presenta hoy en Madrid, Amnistí­a Internacional relaciona este fenómeno, y otros problemas endémicos de Guatemala, con el hecho de que nunca se ha abordado el tema pendiente de las violaciones masivas de derechos humanos perpetradas durante el largo conflicto civil del paí­s.

"La matanza de miles de indí­genas y las graves violaciones de derechos humanos sufridas por muchos más durante las operaciones de contrainsurgencia nunca se han abordado adecuadamente, y los responsables a todos los niveles continúan en libertad y ejerciendo el poder en la Guatemala actual", ha manifestado Amnistí­a Internacional.

"Esto transmite a quienes están en el poder el mensaje de que pueden asesinar sin que pase literalmente nada, y abona el terreno para nuevos abusos", añadió la organización, subrayando que quienes luchan en favor de la justicia, sean sobrevivientes de las atrocidades, familiares de las ví­ctimas, defensores de los derechos humanos o miembros de la judicatura, corren especial peligro.

En este contexto, las ví­ctimas de violaciones de derechos humanos son los más pobres entre los pobres, a menudo indí­genas, que viven en zonas remotas donde se cometieron las peores atrocidades y en las que existen fuertes intereses que se alí­an para proteger actividades ilegales lucrativas. Las reiteradas matanzas perpetradas en el pueblo indí­gena de Rí­o Negro entre 1980 y 1982 y que se destacan en el informe muestran cómo los intereses económicos también desempeñaron su función en el genocidio. Posiblemente se eligió la zona de Rí­o Negro porque sus tierras se querí­an utilizar para la construcción de una presa hidroeléctrica en la que, según los informes, tení­a intereses el ejército.

"El sistema de justicia de Guatemala continúa fallando al pueblo, que a su vez está perdiendo la fe en su capacidad de hacer justicia", ha señalado Amnistí­a Internacional, añadiendo que el aumento de las tasas de criminalidad y los numerosos casos de personas que se toman la justicia por su mano no son más que una de las consecuencias de esta falta de justicia.

Otra herencia de los años del conflicto es el prolongado sufrimiento psicológico, en la mayorí­a de los casos no tratado, de quienes padecieron o presenciaron atrocidades como violaciones en masa, o sufrieron la "desaparición" de familiares y viven en la larga agoní­a de no saber si están vivos o muertos.

"Para que la historia no se repita, y para que Guatemala por fin pueda dejar atrás su terrible pasado, es fundamental abordar el legado de impunidad de las violaciones de derechos humanos actuales y las cometidas en el pasado", añadió la organización.

"Hasta que se emprenda un proceso de reforma de raí­z de la judicatura guatemalteca para ajustarla a las normas internacionales, y hasta que se haga llegar claramente el mensaje de que no se tolerará ni quedará impune ningún abuso contra los derechos humanos, no puede haber una paz real y duradera en Guatemala."

Éstas son las recomendaciones de Amnistí­a Internacional a las autoridades guatemaltecas:

– aplicar los elementos del Acuerdo de Paz que se refieren a los derechos humanos y el Estado de derecho, así­ como las recomendaciones de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico sobre la investigación de las violaciones de derechos humanos, lo cual incluye determinar el destino de los "desaparecidos", incluidos los niños de los que se perdió el rastro durante el conflicto y que pueden haber sido adoptados legal o ilegalmente en Guatemala o en el extranjero, y proporcionar reparaciones a las ví­ctimas, incluidas las que fueron violadas u objeto de otros abusos sexuales por parte de las fuerzas de seguridad;

– establecer un programa eficaz de protección para el personal judicial y los testigos de casos contra la impunidad;

– garantizar la seguridad de los defensores de los derechos humanos para que puedan llevar a cabo su importante labor y establecer la figura de un fiscal especial que investigue las amenazas y abusos de que son objeto;

– asegurarse de que los organismos encargados de hacer cumplir la ley respetan las normas internacionales de derechos humanos, que se desmantelan todos los "escuadrones de la muerte", ejércitos privados y fuerzas paramilitares, y que aquellos entre sus miembros que sean responsables de violaciones de derechos humanos son puestos en manos de la justicia.
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Amnistí­a Internacional presenta también un documental de 28 minutos, titulado Exhumando la verdad, que cuenta la historia de Dominga Sic Ruiz (cuyo actual nombre es Denese Becker), que sobrevivió cuando era niña a la matanza de 1982 de su comunidad nativa de Rí­o Negro y fue adoptada más tarde en Estados Unidos. Al llegar a la edad adulta decidió volver a Guatemala para enfrentarse con su pasado, buscar a sus familiares y pedir justicia y reparación por las atrocidades sufridas por su pueblo.