Ante las desigualdades territoriales en materia de empleo, UGT considera que es prioritario impulsar polí­ticas de desarrollo regional para que la movilidad geográfica sea voluntaria. En todo caso, el alto precio de las viviendas dificulta la aplicación en España de la movilidad geográfica requerida por la Comisión Europea.

Entre 1996 y 2001 los precios han subido un 50%, cinco veces más que la renta familiar, lo que demuestra el estrepitoso fracaso de la polí­tica de vivienda del Gobierno. El sindicato demanda que se reduzcan las dificultades para comprar o alquilar una vivienda a través de una polí­tica que adecúe los precios actuales a los salarios reales y acciones especí­ficas que permitan a los desempleados acceder a este bien fundamental.

Para UGT es necesario combinar estas acciones con un buen funcionamiento del Sistema Público de Empleo porque el INEM sólo gestiona el 15% de las contrataciones laborales, mientras que las tasas de intermediación de la UE doblan este porcentaje.

Según ha puesto de manifiesto la Comisión Europea, el mercado laboral español se caracteriza por presentar una elevada tasa de desempleo, donde la tasa femenina dobla a la masculina y donde la juvenil y de larga duración continúa en niveles muy altos; una baja tasa de empleo; una baja calidad del mismo; unas fuertes diferencias regionales en cuanto a tasa de desempleo; un bajo nivel educativo; y una escasa intermediación del Servicio Público de Empleo.

Así­, en cuanto a una de dichas deficiencias: las disparidades regionales en desempleo, la Comisión recomienda la necesidad de reducir en España las barreras para la movilidad laboral, entre las que destaca las "rigideces en el mercado de la vivienda". Sin embargo, las conclusiones de la Conferencia sobre el empleo, que recientemente ha organizado la Presidencia española de la UE, en cuanto a resolución de esta debilidad estructural del mercado laboral, no reconocen dicha rigidez, aunque sí­ recogen que "la aplicación de la Estrategia Europea por el Empleo debe permitir y fomentar la movilidad geográfica entre regiones para afrontar los desequilibrios regionales y responder a los cuellos de botella". Y que es necesario pues "avanzar en suprimir aquellos obstáculos que impiden la movilidad como la transparencia en las cualificaciones, capacidades lingí¼í­sticas, etc.".

En consecuencia, ante esta concepción en cuanto a que la solución al problema de las disparidades regionales en tasa de desempleo vendrí­a por la ví­a de la movilidad geográfica y no por lo que serí­a prioritario, el desarrollo regional; y que las rigideces del mercado de la vivienda es uno de los obstáculos para favorecer dicha movilidad, UGT considera necesario realizar las siguientes observaciones al respecto, algunas de las cuales están reflejadas en el Informe sobre movilidad geográfica que, a petición del Gobierno, aprobó el CES a principios del pasado año.

Primero, cabe recordar que el INEM y los Servicios Públicos de Empleo a nivel autonómico, tan sólo gestionan el 15% del total de las colocaciones registradas, frente a tasas de intermediación en la UE que doblan esta cifra. Por tanto, consideramos necesario, como muy acertadamente ha venido señalando la Comisión, mejorar y coordinar dicho Sistema Público de Empleo para que exista un ajuste entre oferta y demanda laboral, y se resuelva así­ el problema actual de falta de adecuación de las cualificaciones a las necesidades de los mercados de trabajo, origen de las disparidades regionales en desempleo.

Segundo, es necesario destacar cómo los costes personales y económicos que suponen la migración a otro territorio impiden la movilidad laboral porque ésta requiere una demanda de infraestructuras sociales y servicios como: vivienda, educación, sanidad y otras de carácter general, que es necesario planificar, en la lí­nea de abaratar los costes de acceso. Igualmente, las diferencias salariales existentes en España dificultan la respuesta de mano de obra disponible para la movilidad. Asimismo, cabe señalar que la corta duración de los contratos es otro factor determinante que condiciona la escasez de respuesta en forma de libre movilidad de los trabajadores desempleados.

Tercero, la evidencia muestra que una de las principales y mayores trabas a la movilidad geográfica la constituyen los problemas derivados del impresionante encarecimiento de la vivienda, del considerable aumento del esfuerzo que, en proporción del salario, tienen que realizar los trabajadores que acceden a ella, y de la falta de disponibilidad de viviendas asequibles en régimen de alquiler. Aspectos todos ellos muy negativos que se derivan del fracaso estrepitoso de la polí­tica de vivienda realizada durante estos últimos años y que constituyen uno de los principales factores que dificultan la movilidad de los desempleados.

En efecto, el precio de la vivienda se ha disparado fuertemente en España desde 1996, al mismo tiempo que se ha distanciado cada vez más del salario medio percibido por trabajador, resultando por tanto cada vez más dificultoso su acceso. De hecho, el pasado año se produjo un fuerte aumento del precio medio de la vivienda que, junto con los aumentos experimentados en los años anteriores, supone un aumento acumulativo de los precios que entre 1996 y 2001 supera el 50%, es decir, prácticamente cinco veces más que el crecimiento de la renta familiar. Como consecuencia, el acceso a la vivienda se ha dificultado considerablemente, elevándose el esfuerzo bruto que debe realizar una familia para la adquisición de una vivienda, desde el 34% de su renta anual al 46%, entre 1999 y 2001 (en sólo tres años).

Ello, unido a las disparidades existentes en las diferentes regiones españolas, en cuanto a precio de la vivienda, supone un mayor obstáculo a la movilidad. Además, los objetivos que persigue el vigente Plan de Vivienda (2002-2005) en cuanto a oferta de viviendas de alquiler profundizan el problema, al prever que tan sólo el 3,1% del volumen anual medio de viviendas protegidas que se construyan sean viviendas destinadas al alquiler, cuando en el pasado Plan suponí­an un 17%, que aunque todaví­a escaso era muy superior.

Por tanto, se concluye que no sólo se pretende desviar el problema de casi pleno empleo en algunas provincias y exceso de desempleo en otras, por la ví­a, a nuestro juicio, ineficaz y, en muchas ocasiones obligada, de la movilidad, sino que además no se atisba pretensión alguna por parte de la Administración Pública para reducir los graves obstáculos que dificultan una movilidad aceptada libremente por el trabajador.

UGT considera pues que se debe apostar porque el Sistema Público de Empleo cuente con la dotación presupuestaria necesaria, y que el gasto público, tanto en polí­ticas activas como en prestaciones por desempleo, se aproxime a la media europea; al objeto de conseguir una intermediación laboral más eficaz y transparente que mejore las oportunidades de empleo de los desempleados.

Al mismo tiempo, UGT demanda que se reduzcan las dificultades de acceso a la vivienda que, además de determinar la calidad de vida, están obstaculizando las posibilidades de acceso al empleo. Por tanto, habrí­a que aplicar una polí­tica de vivienda eficaz que reduzca los precios actuales y se adecúen a los salarios medios existentes. Sin dejar en el olvido igualmente la necesidad de aplicar polí­ticas especí­ficas para el colectivo de desempleados al objeto de favorecer la accesibilidad de éstos a una vivienda con un coste acorde a su situación laboral; facilitando así­ la movilidad al desempleo que libremente decida hacerlo.