En recientes declaraciones el Sr. delegado de Medio Ambiente de
Sanlúcar anunciaba que se tomarí­an medidas para solucionar el problema
del ruido en la ciudad: se estaba elaborando una ordenanza municipal y
se iba a aplicar la nueva ley de ruido. También se planteaban como
otras medidas: una buena planificación urbaní­stica y campañas de
formación para los jóvenes.

Sin embargo, estas promesas son difí­cilmente creí­bles. En primer lugar
la legislación básica sobre ruido que actualmente está en vigor tienen
ya 2 años ( la ley del ruido -noviembre 2003- y el Reglamento contra
la contaminación acústica en Andalucí­a -diciembre 2003-). Ni son nuevos
ni se cumplen mí­nimamente en Sanlúcar. El Reglamento Andaluz obliga a
todos los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes a contar con
ordenanzas de ruido desde hace un año. Para facilitar la tarea a los
ayuntamientos rezagados, la Junta aprobó hace año y medio una ordenanza
tipo, a la que directamente se podí­an acoger los municipios. El de
Sanlúcar ni se ha acogido a ella ni ha elaborado otra diferente. Pero
en realidad la delegación de Medio Ambiente sí­ elaboró hace más de 3
años una ordenanza de ruido que, sin embargo, nunca llegó a aprobarse
por decisión polí­tica.
Todo ello a pesar de que en el último estudio publicado sobre el ruido
en poblaciones andaluzas de más de 50.000 habitantes, Sanlúcar aparece
como una de las que sufren mayores niveles de contaminación acústica y
que los lí­mites máximos marcados para zonas residenciales y
alrededores de centros educativos se superan de forma generalizada.

Otra prueba de la falta de voluntad del ayuntamiento para aplicar las
normas sobre ruido es la denuncia que 8 asociaciones de vecinos del
paseo marí­timo (cansadas de pedir las cosas por las buenas) pusieron
contra el ayuntamiento por no actuar en el control de los ruidos,
procedentes de coches, motos y de concentraciones de jóvenes, que
vienen padeciendo desde hace años. Hace tres meses el juzgado nº 3 de
Cádiz dictó sentencia reconociendo el derecho fundamental de los
ciudadanos a la intinidad, al descanso y a la salud, y condenando al
ayuntamiento a actuar para el control de esos ruidos.

También los vecinos del patio de la Victoria vienen padeciendo desde
hace unos 10 años, los fines de semana, un nivel de ruido intolerable,
que lleva a la mayorí­a de ellos a tener que abandonar sus viviendas cada
sábado, sin que el ayuntamiento tome la elemental medida de cerrar el
patio en horario nocturno los fines de semana, para lo cual tiene
competencias de sobra con la legislación actual. Por esta razón los
vecinos, también hartos de pedir al ayuntamiento que cumpla con la ley,
han denunciado judicialmente al ayuntamiento solicitando tanto el cierre
del patio como daños y perjucios.

No les va mejor a los vecinos de la asociación Brisa Jara que vienen
denunciando desde hace varios años los ruidos de la fabrica de helados
de la Ibense sin recibir contestación por parte del ayuntamiento. Ni
siquiera la intervención del defensor del pueblo ha conseguido sacar de
su mutismo al ayuntamiento que ha sido declarado entidad no colaboradora
con el defensor del pueblo.

Sanlúcar de Barrameda 16.12.2006