El Consejo de Competitividad ha cedido a los intereses del lobby quí­mico y ha rechazado los avances en la protección de la salud pública y el medio ambiente alcanzados por el Parlamento europeo el mes pasado. Los ministros de industria han aceptado el "control adecuado" como válido para evitar que la sustitución de las sustancias quí­micas más peligrosas por alternativas más seguras sea un imperativo legal.

El "control adecuado" es la base de todas las legislación de quí­micos que se han desarrollado hasta el momento y que han derivado en la "crisis quí­mica" actual que nos expone de forma constante a sustancias quí­micas que están provocando el aumento de enfermedades como el cáncer, el asma o las alergias y la aparición de nuevas dolencias.

El Consejo ha aprobado que las empresas quí­micas deberí­an "evaluar" la sustitución de una sustancia quí­mica peligrosa, pero no les obliga a hacerlo aún cuando existan alternativas. Este vací­o legal no hará más que perpetuar el actual sistema que ha fallado en controlar las sustancias quí­micas más peligrosas y que impide la entrada en el mercado de productos innovadores y seguros.

El Consejo ha dejado abierta la posibilidad de que las sustancias cancerí­genas, las tóxicas para la reproducción (ej. el ftalato DEHP utilizado en PVC) y los disruptores endocrinos (ej. Bisfenol-A utilizado para revestir las latas de conservas, y en CDs y DVDs) continúen en el mercado aunque existan alternativas más seguras.

El Consejo también votó reducir drásticamente los datos de seguridad que los productores tiene que proporcionar, particularmente para sustancias quí­micas de bajo volumen (que suponen 20.000 de las 30.000 que entran bajo REACH). Esto hará que miles de sustancias quí­micas se vendan en el mercado europeo aunque no se tenga información sobre sus impactos para la salud. Esta falta de información, además, reduce las probabilidades de identificar alternativas más seguras. Los escándalos como el de la reciente contaminación por una sustancia quí­mica potencialmente tóxica de leche para bebés en Europa seguirán produciéndose mientras exista esta falta de información sobre las sustancias quí­micas presentes en el mercado europeo.

El Gobierno español, que a través de su Grupo interministerial de trabajo sobre REACH "considera que, como principio general, las sustancias más peligrosas deben ser sustituidas por otras alternativas que entrañen menos riesgos", ha dado de lado a la propuesta francesa que buscaba reforzar el principio de sustitución y se ha alineado junto a los Gobiernos más conservadores de la UE y priorizado los intereses de la industria quí­mica frente a los de la protección de la salud pública.

Bajo la presión de la industria quí­mica, REACH ha sido debilitado durante los últimos 4 años. Ir adelante con la obligación de sustituir las sustancias quí­micas peligrosas es la única oportunidad que nos queda para resolver el problema de la creciente contaminación quí­mica y para asegurar que la salud humana y el medio ambiente se protejan. Es crucial que el Parlamento reafirme su apoyo a "una sustitución obligatoria" durante la segunda lectura el año próximo.