Desde que el Partido Popular llegó al Gobierno, en 1996, el gasto social en España se ha reducido de manera continua, hasta alcanzar una diferencial récord, de 7,6 puntos, con la media de la UE. Hoy España invierte menos que hace seis años en pensiones, en protección familiar, en servicios sociales, en rentas mí­nimas y también en protección al desempleo. A pesar de ello, el Ministerio de Trabajo ha asegurado que el gasto en desempleo es superior a la media comunitaria. Ese dato es, en el mejor de los casos, una media verdad: España gasta más porque tiene más paro, pero si se compara el nivel de gasto con el nivel de desempleo, nuestro paí­s cae hasta la cola de Europa. Con afirmaciones de este tipo, el Gobierno parece querer preparar a la opinión pública para nuevos recortes de la protección por desempleo.

Ante las denuncias de UGT y algunos medios de comunicación sobre el continuo retroceso social de España desde que está el PP en el poder, denuncias, por otra parte, sustentadas en la información estadí­stica de la UE, al Ministerio de Trabajo no se le ocurre mejor cosa que señalar lo evidente, que gastamos más en desempleo, pero sin decir, inmediatamente, que también tenemos el mayor desempleo de Europa. Información que, además, tiene otra lectura, y es que se quiere preparar a la opinión pública para nuevos recortes en la protección por desempleo, lo que definitivamente convertirí­a a nuestro paí­s en un páramo social y conducirí­a a los parados a la marginación. La protección social por desempleo, lejos de ser un obstáculo para la colocación, es su requisito indispensable, junto a polí­ticas activas adecuadas.

La brecha social alcanza en 1999 su valor máximo. Nunca desde 1980, fecha en la que comienzan a utilizarse estas estadí­sticas (metodologí­a SEEPROS) en España la distancia habí­a llegado a ser tan grande: 7,6 puntos del PIB.

UGT lamenta, por otra parte, que el Gobierno sólo disponga de los datos de EUROSTAT referidos a 1998, cuando ya están disponibles los de 1999 y con un mayor grado de homogeneidad que los de 1998.

Si utilizamos los mismos datos que los del Ministerio de Trabajo de 1998, es evidente que gastamos mucho menos en pensiones (3,7 puntos menos de PIB), en enfermedad (1,3 puntos menos), en protección familiar (1,8 puntos menos), en servicios sociales, en rentas mí­nimas"¦ Ciertamente, la única función de gasto en la que España supera la media europea es, lógicamente, la del "desempleo": 2,8% del PIB en España frente al 1,9% de la UE Tal cifra no debiera sorprender porque en aquel mismo año el paro en España era casi el doble de la media europea. Además, como se observa en el cuadro siguiente, España gasta bastante menos (en prestaciones económicas y polí­ticas activas) que otros paí­ses con tasas de desempleo mucho menores que la nuestra (Dinamarca, Bélgica, Suecia, Finlandia). Si observamos la columna 3, que relaciona el gasto en porcentaje del PIB por cada punto de tasa de paro, el gasto en España sólo estarí­a por encima de Grecia e Italia y al mismo nivel que el Reino Unido, aunque hay que hacer la salvedad de que este último paí­s dispone además de otros instrumentos de garantí­as de rentas para los parados y que no se incluye en la función desempleo.

Datos mucho más recientes del propio Ministerio de Trabajo (Anuario de Estadí­sticas del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 2000) constatan que el gasto social en España sigue reduciéndose, también el de desempleo: el gasto en la función desempleo (incluidas las polí­ticas activas) habrí­a pasado del 3,52% del PIB en 1995 al 2,46% en 2000. Si sólo se considerasen las prestaciones económicas en la función desempleo (excluidas, por tanto, las polí­ticas activas) habrí­a pasado del 3,27% del PIB en 1995 al 2,12% en 2000. Una reducción por tanto de 1,15 puntos.

Aparte de la reducción del gasto social y del gasto en desempleo, el Gobierno oculta, asimismo, la gran operación antirredistributiva en la que se ha embarcado respecto a la protección por desempleo: con cuotas destinadas a la protección por desempleo el Gobierno está financiando todas las polí­ticas activas incluidas las bonificaciones a las empresas que según la recomendación primera del Pacto de Toledo tendrí­an que financiarse con aportaciones públicas. Desde 1998, el excedente de cuotas por desempleo que el Gobierno ha utilizado para financiar polí­ticas que deberí­an financiarse con aportaciones públicas asciende a prácticamente 1,7 billones de pesetas Y esta va a ser la primera cuestión que la UGT va a plantear al Gobierno: la financiación con recursos públicos de las polí­ticas activas y especialmente las bonificaciones a las empresas y así­ liberar recursos para mejorar la cobertura de los parados.