Por otra parte, STEM-STEs ha enviado a los centros educativos un manifiesto para que se lea en los claustros o reuniones de profesores de los centros de enseñanza no universitaria, invitando a que enví­en comunicados al Congreso pidiendo que se modifique la LOE para dar un mayor apoyo a la enseñanza pública.

MANIFIESTO POR UNA ESCUELA PúBLICA, DEMOCRÁTICA, CIENTÍFICA Y DE CALIDAD
(STEM-STEs)
Ante la tramitación parlamentaria de la LOE y las perspectivas de que pueda perfilarse un pacto polí­tico educativo, queremos hacer públicas una serie de demandas compartidas por amplios sectores del profesorado, la comunidad educativa y la ciudadaní­a.

Pensamos que las sucesivas reformas que ha registrado el sistema educativo, amén de suponer ensayos con los que intentar adecuar la enseñanza a las exigencias sociales, se han convertido en el territorio donde se deciden los equilibrios entre la Escuela Pública y la iniciativa privada. Al margen de las insuficiencias que pueda tener la LOE en cuanto a su respuesta a la creciente complejidad de la Escuela Pública, nos preocupa, ante todo, que se institucionalicen y amplí­en los privilegios de las patronales privadas de la enseñanza. Sectores estos que han sabido arropar entre la demanda de un posible consenso ideológico su deseo de socavar la Escuela Pública como eje vertebrador del sistema educativo.

Por ello, queremos impulsar al Gobierno del Estado para que no desaproveche la oportunidad que se presenta con esta nueva reforma. Consideramos que las bases del posible acuerdo educativo deben partir de una defensa inequí­voca de la Escuela Pública, respondiendo así­ a las expectativas de una gran mayorí­a social. La Enseñanza Pública que queremos deberí­a ser:

1. Un servicio público esencial, lo cual supone que debe estar regulado, financiado y gestionado por las instituciones públicas y sujeto al control democrático y social, dado que la iniciativa privada nunca puede ser garantí­a de que se cubran adecuadamente las necesidades de toda la ciudadaní­a, sino que su motivación es el beneficio.
2. Una Escuela de Calidad. Lo que debe pasar por una financiación suficiente, que se acerque al promedio del 6 % del PIB que predomina en el espacio europeo; por un descenso de las ratios profesor-alumno para permitir una educación más personalizada; por adecuar las infraestructuras y los servicios a las necesidades que se detectan; y por ajustar las plantillas a las demandas educativas.
3. Una Escuela Democrática. La gestión democrática de los centros debe ser la primera lección cí­vica que proporciona la Escuela. Creemos en el derecho de la comunidad educativa a poder elegir democráticamente al equipo directivo; creemos que los órganos colegiados de gobierno deben tener el papel preponderante que les corresponde; creemos que la transparencia y la participación son el mejor argumento contra la ineficacia y el abuso.
4. Una Escuela Cientí­fica y no adoctrinadora. En una sociedad plural y multicultural, el referente cí­vico que debe imperar en la escuela son las leyes y normas de las que, democráticamente, decida dotarse el Estado. La enseñanza confesional de las distintas religiones, en la medida que se trata de creencias particulares, debe quedar fuera del currí­culum, la evaluación y el horario lectivo.
5. Una Escuela que no discrimine a nadie: frente a la hipocresí­a de quienes proclaman la libertad de elección de centro para, luego, seleccionar en función del género, raza, creencias religiosas o clase social, apostamos por una enseñanza pública capaz de atender a todos los ciudadanos y procurar proporcionar a toda persona la educación que precisa.
6. Una Escuela que garantice las condiciones de trabajo y la dignidad que merecen los trabajadores de la enseñanza, enfrentados a retos nuevos y crecientes, garantizando su estabilidad laboral y una mejor regulación de sus condiciones de trabajo.

MANIFIESTO EN DEFENSA DE LA ESCUELA PUBLICA ANTE LA TRAMITACIÓN DE LA L.O.E.
Las organizaciones convocantes de estas movilizaciones: Federación de Enseñanza de la Confederación General del Trabajo - CGT, Sindicato de Estudiantes - SE y el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Madrid "“ STEM-STEs ante la tramitación parlamentaria del proyecto de Ley Orgánica de Educación (LOE) nos dirigimos al conjunto de la sociedad, para hacerles llegar nuestra opinión compartida sobre esta ley y los aspectos más importantes, que pedimos se modifiquen o/y que se incluyan en el redactado final de la nueva ley para dotar a nuestro sistema educativo público de los medios que necesita para conseguir el tipo de escuela que demandamos.
Entendemos que el derecho a la educación debe ser garantizado por los poderes públicos, por lo que consideramos que las distintas administraciones tienen la obligación de construir los centros públicos necesarios para que este derecho sea una realidad en todas las etapas educativas/ desde el primer ciclo de la Educación Infantil y acabando definitivamente con las aulas y los centros precarios para dar, en definitiva, la oportunidad a todos de tener una educación pública, laica, financiada dignamente y garante de igualdad.
La educación publica, la que está en todos los pueblos, ciudades y barrios; y a la que acude la mayorí­a del alumnado de todo el Estado, hace de la etapa de escolarización un periodo de convivencia entre estudiantes, con los iguales y con los distintos. Es una etapa que contribuye, con esta convivencia, al mejor desarrollo democrático de una sociedad que cada dí­a es más diversa, más múltiple, más plural. Esta educación es la que deben potenciar los poderes públicos, que no deben, como pretende el proyecto de LOE, financiar la enseñanza privada. La educación pública, la de todos y todas, necesita el apoyo y la atención prioritaria de! conjunto de las administraciones educativas, por lo que demandamos que en la nueva Ley se refleje claramente este apoyo.
El acuerdo alcanzado entre el gobierno y la patronal de la enseñanza privada concertada religiosa es una de las mayores agresiones a la Escuela Pública desde la aparición de la LODE en el año 1985. No sólo aumenta de forma escandalosa la cuantí­a económica de los conciertos educativos, dinero que deberí­a ir a mejorar la red de centros públicos, sino que vuelve a dejar totalmente abierta la ilegal selección del alumnado que practica la concertada. Les han dado todo a cambio de su silencio.
La educación pública que queremos debe ser una educación que nos prepare para la vida, debe ser una educación de calidad y la ley debe contemplar medidas que contribuyan de forma clara a conseguirlo. Exigimos que se reduzca el número de alumnos por clase, para que los problemas puedan detectarse y corregirse desde el primer momento que se observan en cada aula, con el personal especializado correspondiente. Rechazamos por lo tanto, la enmienda introducida en el trámite parlamentario por la que se puede aumentar la ratio hasta en un 10%. Es una medida totalmente regresiva y antipedagógica que perjudica la calidad educativa.
Las administraciones deben aplicar medidas tendentes a compensar las desigualdades existentes en los centros en virtud de la procedencia socioeconómica del alumnado, ir mejorando la calidad de la enseñanza que éste recibe, pero deben evitarse mecanismos que pretendan diagnosticar la calidad de la enseñanza que se imparte en cada centro con pruebas estandarizadas y externas que lo único que pueden conseguir es llevar a la comparación pública de lo que no se puede y no se debe comparar. La existencia de itinerarios diferenciados a los 15 años es una medida que ya rechazamos por discriminatorios cuando aparecieron en la LOCE, incluso el PSOE los criticó duramente. Su inclusión en la LOE indica dos cosas: el cinismo del partido en el gobierno y que se ha plegado a las presiones de los sectores más reaccionarios de la educación.
El profesorado, uno de los elementos fundamentales del proceso educativo, debe sentir el apoyo de las administraciones y de la comunidad educativa a su tarea; la nueva ley debe elevar su formación inicial y permanente, reconociéndose la importancia de la labor tutorial. La inestabilidad de las plantillas docentes de los centros públicos perjudica seriamente la labor educativa. La estabilidad en el trabajo de los profesores y profesoras es la mejor forma de conseguir unas plantillas estables que redunden en un mejor funcionamiento de los centros. Por lo tanto rechazamos el sistema de acceso a la función pública docente planteado el la Ley ya que no asegura que aquellos profesionales con experiencia demostrada puedan acceder a ser funcionarios. Exigimos que el sistema de acceso contemple un sistema de doble ví­a como garante de igualdad de oportunidades.
La cultura de la participación en la gestión democrática de los centros públicos, que está muy arraigada en los distintos sectores de la comunidad educativa, debe recuperarse con la nueva ley. El profesorado, el alumnado, las madres y los padres, cada uno con su responsabilidad y con la responsabilidad conjunta compartida en el Consejo Escolar del Centro deben gozar de un grado de autonomí­a que les permita elegir a la persona que dirige el centro y al resto del equipo directivo. Esta cultura de la participación también exige que el profesorado tenga la capacidad de elegir democráticamente los órganos de coordinación de ciclos y departamentos didácticos. Exige que los estudiantes tengan plenos derechos de reunión, manifestación y huelga. Esta cultura exige también que las administraciones desarrollen programas que propicien y faciliten la participación del alumnado y de los padres y madres en la vida del centro.
La evaluación de este proceso debe ser continua y alejada de reválidas y pruebas de selectividad, que vienen a distorsionar tanto los objetivos a conseguir como la realización del proceso continuo de aprendizaje.
LOS valores compartidos por el conjunto de la sociedad y reflejados en los distintos acuerdos internacionales, como la Declaración de ios Derechos del Niño o la Declaración de los Derechos Humanos, deben impregnar el proceso educativo en todas la áreas o materias, respetándose el derecho del alumnado a no ser adoctrinado, a no ser manipulado en su paso por la escuela, por lo que exigimos que la enseñanza de las religiones confesionales no tenga cabida dentro del currí­culo escolar: las religiones confesionales deben salir de las escuelas e institutos. Planteamos, en resumen, que se fomente la educación en valores en todas las materias para formar personas crí­ticas, solidarias, respetuosas con la diversidad y con capacidad de decidir por sí­ mismas.
La inversión que se destina a la educación, en relación al porcentaje del PIB ha estado históricamente, y sigue estando, por debajo de la media de los paí­ses de nuestra área, con lo que las infraestructuras existentes son insuficientes para desarrollar el tipo de educación que la ciudadaní­a demanda y que necesita. La financiación de la educación que se contempla en la Memoria Económica que acompaña a la LOE es claramente insuficiente, pues representa poco más del 0\’2 % del PIB y, caso de aplicarse completa nos mantendrá en los próximos años muy por debajo del porcentaje medio que dedican a la enseñanza los paí­ses con los que constantemente se nos compara. Exigimos que se elabore una Ley de Financiación que garantice que la educación pública dispondrá de las inversiones necesarias para superar los déficits históricos hasta llegar al 7% del PIB.
Denunciamos el silencio, cuando no la complicidad, de organizaciones de padres y madres, sindicatos, colectivos, "¦ que siempre se han puesto la medalla de defensores de la educación pública pero que en este caso están colaborando, por acción u omisión, a que se apruebe una Ley de consecuencias desastrosas para la Escuela Pública. Si realmente la defendiesen estarí­an con nosotros y nosotras en la lucha.
Las organizaciones que convocamos estas movilizaciones hacemos un llamamiento a toda la sociedad para que se movilice en defensa de la educación pública, laica, financiada dignamente y garante de igualdad.
Madrid 7 de diciembre de 2005