Estos son algunos de los principales casos que son presentados contra el ex presidente prófugo de la justicia peruana, Alberto Fujimori, que hoy se encuentra preso en Chile. Ayer, 05, la organización de defensa de los derechos humanos Amnistí­a Internacional divulgó un informe que incluye algunos de los casos claves presentados ante la justicia peruana contra Fujimori.

Durante la conferencia de prensa intervinieron los abogados Leonardo Aravena, coordinador de Justicia Internacional de AI Chile y Héctor Salazar, de FASIC (Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas); Ismael Vega, director de AI Perú; y, desde Perú, Francisco Soberón, de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú y Guissela Ortiz, de la Asociación de Familiares y Ví­ctimas de la Cantuta.

Para AI luego de que los reiterados intentos de los seguidores de Fujimori para las violaciones quedaran en la impunidad y de que los autores de estas violaciones, conocidos como -Grupo Colina-, reconocieran la existencia del grupo y su ví­nculo con la Inteligencia peruana del anterior gobierno, y además que se haya revelado el apoyo que ésta prestó a las operaciones del Grupo Colina, la culpabilidad del ex presidente parece clara.

Muchos de los casos fueron atribuidos, al -Grupo Colina-, un grupo paramilitar creado en 1992 dentro del Servicio de Inteligencia Nacional bajo el mando de Vladimiro Montesinos, asesor presidencial en materia de -inteligencia- y cercano al entonces Presidente Alberto Fujimori.

Cincuenta y siete personas vinculadas al -Grupo Colina-, incluido Montesinos, están actualmente siendo juzgadas en Perú por delitos de asociación ilí­cita para delinquir, secuestro agravado, homicidio calificado y desaparición forzada en relación a los casos de La Cantuta, Barrios Altos, el secuestro y asesinato de nueve pobladores de El Santa, Ancash, en 1992, y la desaparición y homicidio del periodista Pedro Yauri Bustamante, en Huacho, Lima, en 1992.

En septiembre de 2005, tres de los acusados de pertenecer al -Grupo Colina- reconocieron haber participado en los crí­menes de los cuales se les acusaba y se declararon culpables de los cargos presentados en su contra.

En la conferencia, la representante de Asociación de Familiares y Ví­ctimas de la Cantuta agradeció el apoyo de Amnistí­a Internacional en el caso Fujimori y aludió el derecho a la justicia que tienen las ví­ctimas. Héctor Salazar de FASIC, señaló en este sentido, que se sienten con el derecho y la obligación de cooperar con las organizaciones peruanas de DD.HH. para llevar a los tribunales a los violadores de los DD.HH. y agregó que el control de la Comunidad Internacional en este proceso es vital para que aplique el Derecho Internacional.

Asimismo, sobre la posibilidad de que el Poder Judicial chileno procese el ex presidente, indicó que existen precedentes poco alentadores en este sentido, y lo que debe hacerse es llevarlo a Perú considerando que Chile firmó un Tratado de extradición con Perú. Sobre este caso en particular, explicó que los jueces chilenos deberí­an tener la convicción no absoluta sino relativa de la culpabilidad de Fujimori. Lo que si está claro, agregó, es que existen sospechas fundadas contra él y que lo que corresponde a continuación, es demostrar la autorí­a inmediata (o sea, el hecho de que él debió saber u ordenó los crí­menes) del gobernante.

Otro punto de abordó con especial atención, fue el nuevo Marco del Derecho Internacional Humanitario referente al derecho de las ví­ctimas de los crí­menes a ser escuchadas y a tomar parte y presentar pruebas en los juicios. El experto en Derecho Internacional, Leonardo Aravena, afirmó por su parte, que la organización considera que Chile tiene la obligación internacional de procesar a Fujimori o extraditarlo. -El Estado chileno tiene la obligación legal y moral de entregarlo a la justicia peruana o juzgarlo en Chile, lo que parece más difí­cil-, reiteró.

Sobre cuál es el mecanismo formal para que las ví­ctimas se hagan parte en la reclamación de extradición, el abogado respondió que hay que remitirse a las normas generales del Código de Procedimiento Chileno que concede el derecho a los querellantes a ser parte en los procesos de extradición. Finalmente, respecto a qué medidas deberí­an tomar las ví­ctimas en el caso de que Fujimori fuese juzgado en Chile, respondió que deberí­an entablar una demanda en los Tribunales chilenos aunque ese serí­a un -escenario alternativo-.

Alberto Fujimori fue detenido el 7 de noviembre de 2005 en Chile a pedido del Estado Peruano, quien presentará en las próximas semanas un pedido de extradición. Orlando Álvarez, ministro de la Corte Suprema de Chile, dictó una orden de detención provisional contra el ex mandatario por los delitos de asociación ilí­cita para delinquir, hurto de fondos públicos, falsedad ideológica, homicidio calificado, lesiones graves y desaparición forzada en relación a la masacre de Barrios Altos y a los asesinatos y desapariciones de La Cantuta.

De acuerdo al Tratado de Extradición de 1932 entre Chile y Perú, el Estado peruano debe solicitar formalmente la extradición a las autoridades chilenas en un plazo de 60 dí­as. La decisión sobre dicho pedido de extradición dependerá de la Corte Suprema de Chile. El caso estarí­a a cargo del Juez Supremo Orlando Álvarez.