Desde que clausura y sellara el vertedero ilegal de la carretera de Trebujena, por el mes de Septiembre, donde se hací­a una estimación muy a la baja, de unos vertidos diarios de más de 1.000 toneladas de escombros sin ningún control, el problema se ha incrementado como nosotros nos temí­amos, ya que según hemos podido conocer a la Planta provisional que gestiona Verinsur, sólo llega una ridí­cula cantidad de escombros.

Si un particular tuviera que hacer una obra de albañilerí­a en su casa, lo primero que necesita es solicitar la respectiva licencia de obras dirigiéndose a la Gerencia de Urbanismo y lo segundo, comunicarse con una empresa de transporte, para así­ trasladarle una cuba donde luego depositar y retirar todo el escombro que ha sido generado. Pues bien, una vez esos residuos son retirados, el transportista está obligado a cobrarle a este ciudadano los gastos de transporte de esos residuos, más la tasa que corresponde pagar en la Planta, según los metros cúbicos que carga. Esta planta de transferencia actualmente recibe tanto residuos de construcción y demolición (escombros) como otros desechos no peligrosos (maderas, cartón, vidrios, restos de poda y plásticos), para luego ser trasladados en camiones de mayor envergadura hacia el Puerto de Santa
Maria, donde el escombro pasa por un proceso de clasificación para poder reutilizado nuevamente.

Desde Ecologistas en Acción denunciamos que una gran mayorí­a de esos residuos no llega a su destino oficial, o sea a esta planta, sino son
arrojados en cualquier rincón de Sanlúcar (por poner dos ejemplos, Cuesta Blanca y carretera del Puerto) donde no hay vigilancia e incluso muchos transportistas, han conveniado con propietarios de parcelas tanto rústicas como urbanas hacer acopio de escombros, para poder volcar este material de derribo, mezclado con todo tipo de sustancias contaminantes plásticos, pvc, madera, plomo, ... y así­ conseguir con ese rellenado y compactado coger la altura apta para poder edificar.

En escasos dos meses, se pueden observar repartidos por todo el termino municipal centenares de parcelas que están siendo rellenadas de forma ilegal, sin que el Equipo de Gobierno Municipal, haya actuado de forma contundente para erradicar este problema.

Ecologistas en Acción, ante esta grave situación exige que con carácter de urgencia, tanto al Equipo de Gobierno como todos los partidos polí­ticos de la oposición, estudien y busquen alternativas respetuosas con el medio ambiente. Tales como que se adopten las siguientes medidas preventivas:

– La persona o empresa constructora que solicite una licencia de obras a la Gerencia de Urbanismo, al acabar dichos trabajos tiene que entregar en este mismo departamento del Ayuntamiento las facturas legales de la empresa de transporte que le ha retirado los escombros generados, y que estos han sido recogido, trasladado y entregado al gestor autorizado, en este caso, la empresa adjudicataria Verinsur.

– Este transportista estará obligado a tener un libro de registro donde figure todos los portes que se han ido llevando a la planta receptora, coincidiendo con los que tramite y luego presente este gestor al Ayuntamiento. Por si tiene una inspección de los agentes de la autoridad, Agentes Forestales, Policí­a Autonómica, Seprona, ...

– La Delegación Municipal de Medio ambiente debe de hacer públicamente un balance cada trimestre de las toneladas de cada tipo de residuo que se está albergando en esta planta, tanto los residuos de construcción y demolición, como otros desechos no peligrosos.

– El ciudadano estará obligado a pedir a la empresa que ha retirado ese residuo la pertinente factura legal, informando inmediatamente a la Gerencia de Urbanismo si le ha sido denegada. Si no se denuncia, el responsable pasara al particular o a la empresa constructora.

– Los cubas de transporte deben de tener su tela protectora de la carga, para evitar ensuciar nuestras calles de piedras y arena (o la cabeza), además se evitarí­a la caí­da de cascotes peligrosos.

– Aplicar fuertes sanciones desde el Equipo de Gobierno, a la empresa de transporte que este cometiendo un delito medioambiental, además de al propietario de la finca que está autorizando el acopio o recogida de ese derribo.