Los datos oficiales de contratación ponen en evidencia, más allá de las grandes declaraciones institucionales y mediáticas sobre planes e iniciativas que quedan en papel mojado, al Gobierno regional en su implicación real para promover el acceso a un puesto de trabajo de los personas, ciudadanos y ciudadanas de nuestra Región que sufren algún tipo de discapacidad.

En el periodo de enero a octubre del presente año se han registrado un total de 2410 contratos a personas con discapacidad en la Región, que supone el 2,7% de incremento respecto a los registrados entre enero y octubre de 2004 ( 2347 contratos).

En este mismo periodo de tiempo el aumento ha sido el 8,8% en el resto del paí­s, el triple que en la Comunidad de Madrid al pasar de 17.350 contratos en 2004 a 18.891 en 2005.

En contratación indefinida de trabajadores con discapacidad en la Comunidad de Madrid sólo ha aumentado en un 2,4% (1146 contratos en 2004 frente a los 1174 contratos en el 2005) mientras que a nivel nacional se ha registrado un aumento del 5,3% ( 7.986 contratos en 2004 y 8416 en 2005).

Lo mismo ocurre en relación con la contratación temporal donde en la Comunidad de Madrid ha aumentado un 2,9% (1201 en 2004 y 1236 contratos en 2005) frente al 12 % del aumento registrado a nivel nacional ( 9.354 en 2004 y 10 475 en el 2005).

Hay otro dato especialmente decepcionante en relación a contratación de los trabajadores y trabajadoras de la región con discapacidad. En lo que llevamos de año se han firmado en la Comunidad de Madrid un total de 1.803.456 contratos de trabajo que es la suma de los realizados en las distintas modalidades: indefinidos ordinarios, fomento de empleo, obra, interinidad, eventual, prácticas, formación, etc. De esta elevada cifra sólo se han registrado 2410 contratos con trabajadores y trabajadoras con discapacidad en la Comunidad de Madrid. Es decir, sólo un contrato de trabajo por cada 1000 realizados ha tenido como sujeto a un trabajador o trabajadora con discapacidad en la región.

Estos datos ponen de relieve la profunda discriminación que sufren estos trabajadores en el mercado de trabajo madrileño mientras que desde el Gobierno Regional no existe una polí­tica real dirigida a la integración social y laboral de estos trabajadores.

Por todo ello, más allá de las grandes declaraciones de intenciones y acciones que apenas maquillan la realidad de una sociedad que da la espalda a miles de sus conciudadanos, UGT reclama:

1.- El cumplimiento de la LISMI, que sigue sin cumplirse después de veinte tres años desde su aprobación, en lo que se refiere a inserción laboral y cualificación profesional, así­ como la escasez de recursos asistenciales y residenciales de atención especializada para este colectivo.

2.- El establecimiento de mecanismos de control de su cumplimiento y la imposición de sanciones a aquellas empresas que estén obligadas a la cuota y la incumplan.

3.- La exigencia a la Administración Pública para que se cumpla la ley de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas en los lugares de trabajo.

4.- la realización con carácter periódico de estudios y datos detallados sobre la población con discapacidad, su inserción en la vida económica y su participación en el mercado de trabajo, con inclusión del número de trabajadores que se encuentran trabajando en los Centros Especiales de Empleo y aquellos que ingresan en el mercado de trabajo ordinario

El Comité Regional de UGT Madrid ha aprobado el 2 de diciembre de 2005 la siguiente Resolución: reclamar el establecimiento de un nuevo derecho a la atención a las situaciones de dependencia, defendiendo un sistema nacional de cobertura de la dependencia como derecho subjetivo de carácter universal, que se configure como una prestación pública de calidad y que tenga un anclaje en la Seguridad Social.