Las organizaciones firmantes, mayoritarias en el ámbito educativo y social, formando un amplio abanico ideológico y en un acto de responsabilidad con el conjunto de la sociedad ante la tramitación parlamentaria de la LOE,

MANIFIESTAN

Su firme compromiso con la educación y la necesidad de afrontar reformas legislativas que ayuden a superar las limitaciones y efectos negativos que se mantienen con la situación educativa actual. Diversos estudios han reflejado graves déficit en nuestro sistema educativo, que amenazan con convertirse en estructurales. Así­, el bajo gasto por alumno y año, el alto grado de abandono escolar prematuro, el elevado porcentaje de alumnos y alumnas que no consiguen las titulaciones básicas, la escasa respuesta por parte de las Administraciones Educativas a las nuevas realidades sociales, etc.

Para estas organizaciones, la reforma educativa emprendida por el gobierno debe garantizar la implantación de un modelo educativo de servicio público para todos, con la participación y la responsabilidad de todos, que asegure los siguientes aspectos que consideramos positivos en el PROYECTO DE LEY:

1.Que el objetivo último de la ley sea la mejora de la calidad de la enseñanza junto con un mayor equidad del sistema, lo que supone garantizar a todos los alumnos y alumnas una igualdad efectiva de oportunidades.

2.La inclusión de todas las medidas y estrategias de prevención del fracaso escolar en todos los niveles educativos, con una referencia explí­cita a la atención a la diversidad.

3.La regulación de la admisión de alumnos y alumnas para garantizar que todos los centros sostenidos con fondos públicos hagan un esfuerzo equitativo para escolarizar a todos los alumnos y alumnas con riesgo de exclusión.

4.La garantí­a del principio del esfuerzo compartido para garantizar el éxito escolar de los alumnos y alumnas, con la participación de estos, de las familias, del profesorado, de los centros docentes, de las Administraciones Educativas y de la sociedad en su conjunto.

5.La inclusión de los objetivos educativos de la Unión Europea, fomentando el aprendizaje para toda la vida.

Del mismo modo, las organizaciones firmantes, consideran que el gobierno y los grupos parlamentarios deberí­an subsanar las siguientes cuestiones que no están suficientemente recogidas en el Proyecto de Ley y que condicionarán el futuro del Sistema Educativo de nuestro paí­s:

1.Es necesaria e ineludible una Ley de Financiación, consensuada entre el Estado y las Comunidades Autónomas, que asegure los recursos económicos necesarios y suficientes para hacer efectiva la aplicación y desarrollo de la Reforma. Para ello, es necesario que el gasto educativo converja también con Europa, alcanzando el 6% del PIB.

2.Deben garantizarse medidas concretas que aseguren, en todos los centros sostenidos con fondos públicos, el cumplimiento del principio de atención a la diversidad en condiciones de equidad, enfatizando su importancia preventiva. Esto exigirá hacer hincapié en la acción tutorial, en la reducción de ratios, en la determinación de zonas de atención preferente, y un plan que aborde los problemas de convivencia en los centros, entre otras medidas fundamentales para lograr el éxito escolar.

3.Deben potenciarse los servicios educativos y complementarios, puesto que constituyen una demanda social y son un indicador de calidad del servicio público educativo.

4.Debe garantizarse el proceso de democratización de todos los centros sostenidos con fondos públicos a través de la participación de la comunidad educativa. Para ello, es necesario potenciar la corresponsabilidad y el funcionamiento colectivo de todos los centros, recuperando las funciones y prerrogativas otorgadas a los órganos colegiados de gobierno, impulsando un estilo de dirección basado en el liderazgo pedagógico y participativo, y regulando la elección democrática del equipo directivo.

5.Debe garantizarse la no discriminación por ninguna causa, incluidas aquellas por razones de sexo, en la admisión de alumnos y alumnas.

6.La asignatura de religión no debe ser computable a efectos académicos, ni de petición de becas ni de promoción de curso. Asimismo, consideramos que la asignatura de religión debe carecer de alternativa para aquellos alumnos y alumnas que opten por no cursarla.

La mayorí­a de la sociedad, aquí­ representada, pide un esfuerzo a sus representantes polí­ticos para que la futura ley de educación sea fruto de un gran pacto con consenso social y polí­tico, que garantice la necesaria estabilidad del futuro de la educación en nuestro paí­s. Reclamamos que la EDUCACIÓN no se instrumentalice partidariamente, ello será posible desde el diálogo, el acuerdo y el consenso y no desde la confrontación. Sólo así­ podremos dar respuesta a las necesidades educativas que nuestra sociedad nos plantea.

CEAPA, FE-CCOO, FETE-UGT, CANAE, FAEST