Una vez localizados en territorio marroquí­ estos menores, nos cuentan que la Policí­a llegó a por ellos al centro a las 6.30 de la mañana. Los cuatro fueron conducidos a comisarí­a. Uno de ellos mostró mucha resistencia porque no querí­a volver a Marruecos. La
Policí­a le golpeó en un ojo que rápidamente se puso morado. La Policí­a volvió al centro y dejó a este chico al no poder reagruparlo en esta situación y cogió a otro menor. Este último fue llevado al
aeropuerto con el chándal con el que dormí­a junto con los otros tres menores. A ninguno se le permitió coger ninguna de sus pertenencias.

Uno de los menores tiene ya concedido el permiso de residencia, al llevar casi 2 años tutelado por Instituciones españolas, ya puso la huella y tiene el resguardo para ir a recoger la tarjeta. Tení­a, además, una cita con el médico esa misma mañana, por una lesión en la muñeca que debí­an revisarle. Tiene 5 hermanos, su familia vive en una chabola sin agua ni luz. Y su padre le propinó una paliza nada más llegar a Marruecos. El menor declara que su padre es muy
violento con él y su familia, por graves problemas de alcohol y que habitualmente los maltrtaba.

Ninguna de las familias fue avisada y no estaba al tanto de que sus hijos iban a volver a Marruecos. La sorpresa de sus familiares fue total cuando se les avisó desde la Comisarí­a de Tánger, ya que fueron
recluidos allí­ hasta que vino un familiar a buscarles. Así­ ocurrió con 2 de los chicos, los otros 2 fueron llevados a Casablanca, a pesar de que uno de ellos es de Tánger. Este chico pasó 24 horas detenido en una celda con presos adultos comunes y no recibió comida
durante este tiempo. El pidió reiteradas veces llamar a su familia y la policí­a se negó. Fue traslado a un centro a las afueras de Casablanca. Su familia tardó tres dí­as en localizarlo.

Todos los menores están desde hace meses o años en talleres de inserción sociolaboral, con posibles ofertas de trabajo y sin ningún problema con la justicia, se les ha reagrupado a unas familias, que
nada sabí­an al respecto. En ningún momento existió la intervención de algún tipo de servicio social en la recepción de estos menores. Los menores han manifestado su intención de volver a emigrar, con el
riesgo para su vida que esto supone, habida cuenta del rriesgado modo en que la migración se lleva a cabo.

En septiembre de 2005, ha sido expulsada por considerarla adulta una niña marroquí­ de 17 años, con pasaporte y libro de familia que señalan claramente su edad, tras serle practicada una prueba de edad, que ningún médico puede considerar fiable, por su carácter
obsoleto y su alto margen de error. De hecho, en la primera prueba que se le hizo se dijo que tení­a 19 años, y en una segunda 23. También fue llevada desde el centro de acogida, en pijama y así­ se le expulsó, tras pasar 3 dí­as en una Comisarí­a.

A la vista de todos estos hechos, contrastados por la organizaciones firmantes, creemos evidente que no se ha cumplido ni la legalidad estatal ni internacional de protección de menores, ni siquiera lo
que dispone el artí­culo 92 del Reglamento de Ejecución e la Ley de Extranjerí­a. Este artí­culo exige para la repatriación el derecho a ser oí­do del menor sobre si quiere o no ser reagrupado, ya que debe primar su interés superior, y que la devolución sea a las familias, sin que haya riesgo para su integridad. Desconocemos de la misma forma si la Fiscalí­a de Menores tiene o no conocimiento sobre estas
actuaciones, como exige la Ley.

Ante todo esto, y ante el anuncio de las autoridades de convertir en frecuente estas prácticas, violando la legalidad, exigimos desde nuestro compromiso con la protección de menores:

– Que cese la aplicación casi automática de estas
reagrupaciones familiares, hechas sin garantí­as de ningún tipo y sin tener en cuenta el interés superior del menor, por ser un proceso que viola sus derechos fundamentales, y entre ellos su derecho a la tutela judicial efectiva, ya que al ser repatriados, no pueden recurrir ni administrativa ni judicialmente la decisión

– Para que se haga efectivo el derecho anterior, que se permita la asistencia letrada a estos menores, como ha pedido el propio Defensor del Pueblo, durante toda su estancia en España, respetándose su derecho a ser oí­do

– Que el proceso de protección de estos menores se base en una auténtica integración social, y no se piense sólo en soluciones policiales, sin transparencia, que violan sus derechos y no respetan
el Estado democrático

– Pedimos a las entidades de guarda de estos chicos y demás personal que influye en su proceso de integración, que ejerciten la desobediencia civil frente a estas órdenes que vulneran los derechos del menor y su interés

– Solicitamos a las Fiscalí­as de Menores de cada Comunidad Autónoma que intervengan en estas situaciones, vigilando que se cumple la legalidad y en particular, que prima el Estado de derecho y el interés superior del menor

Lo exigimos porque esta polí­tica de reagrupaciones no está generando más que más sufrimiento, ya que todos los menores tratan, después de ser devueltos, de cruzar el Estrecho, jugándose de nuevo sus vidas.

En Madrid y Rabat, a 30 de Noviembre del año 2005

Organizaciones firmantes: Coordinadora de Barrios, SOS Racismo Madrid, Colectivo Al Jaima, Asociación Apoyo, Asociación Madres Unidas contra la Droga, Fundación Raices, Asociación Fantid, Asociación Alucinos