Los 53 millones de euros que ahora reclama al Gobierno central para atender los servicios sociales de su competencia, de ser necesarios, lo son para cubrir la atención general de todos los madrileños y no sólo de los inmigrantes.

Desde su incorporación al Ayuntamiento, la concejala Ana Botella, poco conocedora de la estructura social madrileña, está utilizando la fragilidad social de las personas inmigrantes como arma arrojadiza. El Alcalde le ha prestado su apoyo siempre contra otras Administraciones. Demasiadas veces ha prometido soluciones mágicas para la integración social de los ciudadanos inmigrados, para después retroceder estrepitosamente, culpando a otras instancias administrativas por sus insuficiencias. Ha creado falsa alarma social alrededor del hecho social inmigratorio, olvidando que los inmigrantes son contribuyentes netos, complicando la convivencia, y faltando a la prudencia polí­tica mí­nima exigible a cualquier cargo democráticamente elegido.

Sólo en marzo de este año puso en marcha, y muy parcialmente, el tantas veces anunciado "Plan Madrid de Convivencia Social e Interculturalidad ", con más de un año de retraso sobre lo prometido en noviembre de 2003.

UGT-Madrid recuerda que el Gobierno Regional establecerá próximamente su propio Plan estratégico y de intervención polí­tica. Parece lógico exigir que las dos Administraciones trabajen conjuntamente, coordinen sus actividades y sean capaces de alumbrar un Plan Unitario para la intervención social en la capital, en el que quepan especificidades por competencias, pero que evite la duplicación de gastos, agilice los procedimientos de participación en el mismo y sobre todo garantice la prestación de unos servicios públicos suficientes, absolutamente necesarios para la integración social efectiva de todas las personas, sean o no inmigrantes.

Aún no se ha realizado ninguna actividad conjunta del Ayuntamiento y la Comunidad Autónoma al respecto, y mucho menos con la Delegación del Gobierno en Madrid. Esta vez los errores polí­ticos de la Concejala pueden afectar a demasiadas personas muy vulnerables.

El Alcalde deberí­a haber abierto el Ayuntamiento a autóctonos y foráneos, si quiere seguir gobernando la ciudad mestiza y de acogida que siempre ha sido Madrid.

El consenso es absolutamente necesario en una materia tan sensible como la polí­tica inmigratoria y de inserción social, donde la intervención administrativa debe ser sobre todo discreta y eficiente, para que sea la propia sociedad la que asuma el reto de acoger a los inmigrantes, adaptándose al mismo tiempo al cambio social que necesariamente provocarón, encontrando nuevas formas, más diversas, de resolver posibles conflictos vecinales.