En primer lugar, el Cermi centra sus objetivos en la participación inclusiva de las personas con discapacidad en la comunidad a la que pertenecen. La denominación de la futura ley, en juicio del Cermi, deberí­a ser "Ley de Promoción de la Autonomí­a Personal y Atención a las Situaciones de Dependencia" y deberí­a encuadrarse en las atribuciones del Estado en materia de Seguridad Social ya que en este marco se regulan los derechos subjetivos que aseguran el grado máximo de equidad territorial.

También serí­a necesario la creación de un Sistema Nacional de Promoción de la Autonomí­a Personal y Atención a las Situaciones de Dependencia en el que estuviera representada la sociedad civil y los movimientos sociales, en concreto las organizaciones representativas de las personas con discapacidad. Por otra parte, se ha de vigilar que la regulación aprobada esté en armoní­a con otras regulaciones preexistentes como las de la Seguridad Social y la Fiscal en aras de no retroceder en los grados de protección social, económica y fiscal ya existentes.

Para el Cermi es necesario que la cobertura de las necesidades intensas de apoyo se extienda a todas las etapas de la vida y que se protejan todas las situaciones de necesidades intensas de apoyo existentes, desde las dificultades fí­sicas y cognitivas a la de autodeterminación personal y el gobierno de uno mismo. A partir de ahí­, ha de crearse un baremo o sistema de valoración que mida ajustadamente estas situaciones en el que el factor del género debe tener relevancia y en el que la infancia con discapacidad se contemple con especial atención fomentando la autonomí­a personal y evitando futuras situaciones de dependencia o de desventaja. El procedimiento de valoración ha de ser de carácter estatal, único y vinculante para todas las Administraciones y entre los aspectos a valorar se deberí­an encontrar el grado de necesidad de apoyo tanto personal como del entorno inmediato de la persona, circunstancias familiares o condiciones sociales.

La Ley debe incorporar un bloque de medidas que favorezcan la autonomí­a personal y medidas preventivas o atenuadoras de las situaciones de dependencia por lo que, entre los dispositivos de apoyo del sistema debe aparecer necesariamente el del asistente personal.

La Ley debe reconocer el papel de la iniciativa social en la gestión de servicios y prestaciones dirigidas a la promoción de la autonomí­a personal y la atención a las situaciones de dependencia. En cuanto al sistema de financiación, el sistema por el que opta el Cermi, radicado en la Seguridad Social, deberí­a tener las fuentes de financiación propias de este sector de la acción pública.
Dado que esta opción está fundamentada en un sistema de derechos, las necesidades sociales deben ser atendidas por los poderes públicos en un régimen de universalización y con carácter gratuito.

La eventual participación de la persona en el coste del servicio deberá llegar hasta un lí­mite máximo evitando el efecto "confiscatorio", en el sentido de dedicar todos sus recursos a sufragar los costes. En cualquier caso, la participación en el coste no debe estar ligada a la capacidad económica de la persona en situación de necesidad.