La entrega al denominado "Grupo Empresarial de Televisión de Murcia" de la producción de programas, la comercialización de publicidad y la elaboración de los informativos choca frontalmente, a juicio de la AGP-UGT, con el párrafo segundo del artí­culo 6 de la Ley del Tercer Canal, que establece que "la gestión que se concede (del tercer canal) no podrá ser transferida, bajo ninguna forma, total o parcialmente, a terceros, correspondiendo directa e í­ntegramente el desarrollo de la organización, ejecución y emisión del tercer canal a la sociedad anónima constituida al efecto en cada Comunidad Autónoma".
Una iniciativa similar de la radiotelevisión pública valenciana (RTVV) fue declarada nula por los tribunales a instancias de la Federación de Servicios de UGT, en la que se integra la agrupación de periodistas. Sin embargo, diversas comunidades autónomas han elegido el modelo de la externalización de la producción, abandonando los principios programáticos e incluso constitucionales de servicio público que deberí­an seguir las televisiones públicas autonómicas.
El modelo que ahora ha elegido Murcia ha sido el aplicado en otras comunidades autónomas, entre ellas Baleares y Canarias.
La AGP-UGT insta a las entidades con la suficiente legitimación activa para hacerlo, a que acudan al poder jurisdiccional para reconducir unas actuaciones que en nada contribuyen a la defensa del derecho constitucional a la libertad de expresión. Al contrario, facilitan rentables negocios al sector privado (las pérdidas siempre van al balance de resultados de los entes públicos) y ponen en manos ajenas al sector público la gestión de unas televisiones obligadas constitucionalmente a aplicar unos principios de imparcialidad, veracidad y derecho de acceso de las minorí­as que no pueden satisfacer las empresas privadas con los necesarios instrumentos de control.
La AGP-UGT alerta a la sociedad en relación con la aplicación, actualmente, de un proceso de destrucción de las televisiones públicas, no sólo las de ámbito autonómico, sino también la estatal. En este sentido, la AGP-UGT manifiesta públicamente su apoyo a los trabajadores de RTVE, que estos dí­as ven cómo desde la dirección del ente público y desde el Gobierno se pretende una drástica reducción de puestos de trabajo, mientras se externaliza la producción y no se aplican las medidas de saneamiento y de viabilidad que se recogen en el informe del Comité de Expertos, informe encargado y asumido teóricamente por el propio Gobierno.