El Área Pública de CC.OO. interpondrá recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra el fallo del Supremo que ha resuelto hoy el recurso de casación interpuesto por el Gobierno contra la sentencia de la Audiencia Nacional que anulaba la congelación salarial de los empleados públicos en 1997. En su sentencia, el TS ha revocado aquella. Asimismo, CC.OO. anunció la inmediata convocatoria de miles de asambleas para informar a los más de 2 millones de empleados públicos sin descartar ningún tipo de movilización.

El anuncio se hizo durante una rueda de prensa en la que participaron los secretarios generales de las federaciones del Área Pública de CCOO, Carlos Sánchez (FSAP), Fernando Lezcano (Enseñanza), Marí­a José Alende (Sanidad) y Regino Martin (Correos). Como ha manifestado el coordinador del Área Pública, Carlos Sánchez, "el fallo del Supremo no es sorprendente sino decepcionante, aunque siempre respetable". A falta de conocer los argumentos jurí­dicos que permitan a los servicios jurí­dicos del sindicato estudiar los fundamentos de la sentencia, CC.OO. utilizará todos los recursos jurí­dicos que le permite el Estado de Derecho para defender los intereses de los empleados públicos.

Para CC.OO. esta sentencia pone de manifiesto la falta de certeza en los derechos colectivos de los empleados públicos y por tanto la necesidad de regular sus relaciones laborales como mandata el artí­culo 103 de la Constitución. En este sentido, el secretario general de la Federación de Enseñanza, Fernando Lezcano recordó que fue Rajoy, como ministro de Administraciones Públicas en aquel momento, el que firmó el Estatuto de Función Pública consensuado con los sindicatos, y que ha sido el PP el que no ha querido tramitarlo como proyecto de ley en el Parlamento. "La falta de esta norma jurí­dica "“advirtió Lezcano— es la que ha provocado que el Supremo resuelva a favor del Gobierno que rompió una acuerdo negociado con los sindicatos".

Carlos Sánchez reclamó la necesidad de un marco jurí­dico estable en la Función Pública e informó de que en este sentido va la Iniciativa Legislativa Popular que CC.OO. y el Sindicato Unificado de Policí­a promueven actualmente para llevar al Parlamento un proyecto de ley que regule la negociación colectiva de los empleados públicos.