Explotación intensiva del territorio, recalificación de enormes superficies de terreno para uso residencial, alto consumo energético,
proliferación de modelos marcadamente insostenibles, campos de golf, son las caracterí­sticas de las nuevas urbes diseñadas sin una planificación del territorio, al dictado de promotoras y mafias internacionales.

Este crecimiento carece de justificación alguna por la demanda social y está en total contradicción con los intereses generales de la
población local. El motor de este crecimiento se sitúa en la apropiación del territorio por parte de las grandes promotoras inmobiliarias y mafias internacionales que, con la connivencia de la
administración municipal, de los propietarios de suelo y de los partidos polí­ticos, planifican el territorio de acuerdo únicamente con sus intereses económicos.

Modelo basado en la desinformación sistemática que impide de hecho la participación legí­tima del ciudadano en la planificación del territorio, se le niega y obstaculiza acceder a la información.

Sacrifican los recursos hí­dricos y calidad de vida de los ciudadanos, aumentan los precios de viviendas y productos de primera necesidad,
desaparece el modo de vida y cultura del territorio, amenazan la supervivencia de iniciativas empresariales de pequeños y medianos
empresarios agrí­colas, ganaderos, de turismo rural, comercio, etc

Ante el caos de la planificación urbaní­stica recordamos que las competencias urbaní­sticas corresponden a la Junta de Andalucí­a, y que
ésta las tiene cedidas a los ayuntamientos. Los ayuntamientos conculcan una de sus principales competencias que es la de proteger el medio ambiente y la salubridad pública (Art. 25 de la ley Reguladora de las Bases de Régimen Local).

La administración andaluza, a través de sus Consejerí­as, tienen la obligación de poner en marcha los correspondientes instrumentos de
control que posibiliten que el desarrollo urbaní­stico de los municipios obedezca a las necesidades de la población.

Entre los instrumentos de planificación de los que se ha dotado la comunidad autónoma de Andalucí­a se encuentra la Ley 1/1994 de Ordenación del Territorio, en la que se especifica en la exposición de motivos "Los objetivos especí­ficos de la Ordenación del Territorio, son la articulación territorial interna y "¦"¦ la mejora de las condiciones de bienestar y calidad de vida de sus habitantes"

La Red Andaluza en Defensa del Territorio ante esta situación, y en tanto la Junta de Andalucí­a no ponga en marcha una planificación del
territorio efectiva y se den realmente las condiciones de participación ciudadana necesarias, se ha dirigido a la Consejera de Obras Públicas y a los Delegados y Delegadas Provinciales de las 8
provincias andaluzas para pedirles que:

Se aplique una moratoria en relación a la elaboración y/o aprobación de los P.G.O.U., tanto por parte de los municipios como de la
administración autonómica, así­ como se proceda a la suspensión del desarrollo y ejecución del planeamiento vigente, paralizando la concesión de licencias, planes y/o estudios, o cualquier otro
instrumento urbaní­stico que pueda abundar en la destrucción del territorio andaluz, haciendo ilusorios los futuros Planes de Ordenación Subregionales y demás instrumentos de protección del territorio (PORN, Decisión europea sobre LICS mediterráneos, etc), y ello hasta que se den las circunstancias reseñadas en el cuerpo del
presente documento.

Ejercer las correspondientes medidas preventivas en la polí­tica y gestión del territorio será de utilidad para frenar multitud de decisiones sin sentido que se están adoptando desde los municipios para urbanizar el suelo municipal sin criterios en los que se tenga en cuenta los intereses de los ciudadanos y ciudadanas. Si no se hace así­ tendremos asegurado la pérdida irreparable de nuestro patrimonio natural y social.

RaDeTe continuará realizando y desarrollando acciones en defensa del territorio hasta en tanto no haya una respuesta y reacción positiva de la Junta de Andalucí­a a las peticiones que se les ha realizado.