"¿Qué puede esperar un joven que nace en un barrio sin alma, que vive en un inmueble feo, rodeado de indignidad, ante un paisaje gris, que lleva una vida gris y sufre una sociedad que sólo interviene en su vida cuando hay que prohibir y castigar?", se preguntó en 1990 el entonces presidente francés, Franí§ois Mitterrand. Décadas de exclusión, racismo y discriminación social y laboral han creado en Francia una generación de hijos de inmigrantes frustrada y humillada que desde hace dos semanas está causando graves incidentes en más de trescientas ciudades de más de una docena de departamentos. Mientras tanto, Jean Marie Le Pen y su fascista Frente Nacional, que obtuvieron el 17% de los votos en las presidenciales de 2002, se frotan las manos ante el horizonte electoral de 2007 y los ecos del discurso de endurecimiento de las medidas policiales y judiciales del Gobierno.

Hace una década el Dr. Luis Rojas Marcos publicó un excelente libro, Las semillas de la violencia, en el que explicaba que este fenómeno social es como las semillas: necesita un medio idóneo para germinar y tiempo para brotar. Los comportamientos violentos no son espontáneos, forman parte del deterioro de los procesos de socialización, su origen es multicausal y no surgen de la noche a la mañana; al contrario, emiten señales y manifiestan sí­ntomas que se agravan con el tiempo.

En Francia un porcentaje importante de la población urbana es de origen inmigrante, sobre todo en los cinturones industriales de las grandes ciudades. Estos millones de personas viven en un limbo social y quienes más dificultades tienen son sus hijos, nacidos franceses sin serlo realmente, despojados de su identidad, sin referentes, sin ni siquiera un lugar de origen al que regresar porque también allí­ serí­an extranjeros. Son una población muy vulnerable, con serias dificultades para adaptarse a un medio que no es el deseado, desarraigados en un entorno hostil que los desprecia o ignora. En Cliché-sous-Bois, donde comenzaron los disturbios después de que dos jóvenes de 15 y 17 murieran carbonizados al intentar huir de un control policial, "hay niños que sólo comen una vez al dí­a", asegura un trabajador social de padre dominicano. Son adolescentes que salieron tempranamente del sistema educativo y que padecen una situación familiar de precariedad, al igual que los hijos de franceses que les acompañan en los disturbios.

Los testimonios que estos dí­as conocemos por los medios de comunicación son desgarradores: "Sólo sabemos hablar con el fuego". Jóvenes que responden a Sarkozy: "Puesto que somos escoria, vamos a dar trabajo en la limpieza a este racista. Las palabras hacen más daño que los golpes". Muchachos, casi niños, que proclaman: "No tenemos elección, estamos dispuestos a sacrificarlo todo porque no tenemos nada. Incluso hemos quemado el coche de un colega. Se asustó mucho, pero lo comprendió".

El severo recorte de las polí­ticas de integración y de los recursos sociales, impuesto desde el Tratado de Maastricht en toda la Unión Europea, implementado por los sectores conservadores y preconizado de manera entusiasta, casi febril, por los intelectuales neoliberales, sólo han servido para convertir en verdaderos guetos las zonas donde habitan los más pobres de la población nacional y la mayor parte de los inmigrantes. El endurecimiento de las leyes de inmigración ha hecho el resto del trabajo para esparcir las semillas de la violencia.

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) es consciente de que la integración y la participación de los inmigrantes en nuestra sociedad es uno de los desafí­os más urgentes, ya que en los últimos años hemos visto asomar la violencia en episodios dramáticos y hasta ahora aislados contra los inmigrantes. Por ello, desde hace dos años promovemos junto con Cáritas el Consenso Social sobre Migraciones, iniciativa a la que ya se ha sumado también como promotora la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

El pasado 9 de febrero el Instituto Nacional de Estadí­stica anunció que nuestro paí­s ya tiene una población de 43,7 millones de personas, de los que 3,5 millones son extranjeros (el 8%). Por tanto, el reto es diseñar un modelo de convivencia que permita, con el concurso de estos nuevos ciudadanos, construir una sociedad solidaria, porque de lo contrario tendremos una fragmentada, individualista, recelosa de lo ajeno (sobre todo de los inmigrantes pobres) y atenazada por una violencia respondida tan sólo con medidas represivas.

Sabemos que este proyecto, una respuesta a una encrucijada insoslayable, sólo tendrá éxito en el largo plazo y por eso hemos puesto nuestra mirada en el 2020. A lo largo de 2004 abordamos la primera fase de trabajo, el foro de expertos, con la participación de especialistas de más de veinte universidades y profesionales como arquitectos, médicos, psiquiatras, representantes de varias ONG, de la Oficina del Defensor del Pueblo y de instituciones públicas, reunidos en ocho grupos de trabajo (vivienda, salud, economí­a y empleo, educación y cultura, exclusión y servicios sociales, religión e interculturalidad, participación polí­tica y ciudadaní­a, codesarrollo).

En los últimos meses, el documento base, con las propuestas sociales y las bases legales consensuadas por estos especialistas, está siendo debatido y enriquecido en el ámbito local por organizaciones sociales e instituciones públicas de todo el paí­s, con el objetivo de que pronto el debate llegue a los agentes sociales de ámbito estatal y de que al final el foro de expertos revise todas las aportaciones y defina unas conclusiones. Estas llegarán a las administraciones locales, autonómicas y central y a los grupos parlamentarios con la intención de contribuir a un pacto de estado sobre inmigración que nos permita construir una sociedad solidaria y abierta a quienes llegan huyendo de la miseria y las violaciones de los derechos humanos. De esta manera, esparciremos las semillas de la convivencia y el respeto.