La evaluación ha sido hecha por Pien Metaal, miembro del Programa Drogas y Democracia del Transnational Institute con base en Amsterdam, que plantea un nuevo enfoque al tratamiento del tema de la producción, el pequeño tráfico y consumo de las drogas.

– Es mayor el impacto negativo de la lucha antidrogas que los buenos resultados, lo que obliga a revisar la criminalización de este fenómeno para darle un enfoque social y de mayor respeto de los derechos de los sectores involucrados-, dijo la holandesa, que hace unos dí­as estuvo en un seminario internacional en Bolivia, parte de la campaña Coca & Soberaní­a.

Según el Centro de Estudios en Migraciones (CEM) ella agregó que la falta de respuestas ha provocado una creciente migración de gente que ya no puede cultivar coca u otros productos alternativos, o que ya no tiene otros ingresos dentro o fuera del circuito coca-cocaí­na. -El Chapare se ha convertido después de la erradicación forzosa a finales de los 90, principios de los 2000 en zona de expulsión, siendo zona de inmigración originalmente-, dijo la entrevistada. Metaal también lamentó que otra vez algunos migrantes sean utilizados o se dejen utilizar para el transporte de droga en su equipaje o en su propio cuerpo.

Hizo notar que, el cambio del enfoque puede dirigirse hacia la descriminalización del consumo de drogas y a no dar prioridad a la represión de sus protagonistas. Explicó que existen reportes cientí­ficos como el de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que en 1995 estableció que el consumo de la hoja de coca no tiene efectos negativos y que el uso moderado del clorhidrato de cocaí­na (droga más pura) no genera grandes problemas en la mayor parte de los casos, pero si los productos como el crack o la pasta base de cocaí­na. -Lo que define más el daño provocado por el consumo son las condiciones socio económicas de los consumidores y la salud individual de ellos-, agregó la especialista.

Por motivos polí­ticos ese y otros argumentos fueron ignorados y, por el contrario se dio lugar a acciones represivas en el cultivo de la coca, la producción y consumo de droga, dijo. En el caso del cultivo, se estimuló la erradicación forzosa y se aplicaron insuficientes programas de desarrollo alternativo que no fueron una respuesta a las demandas económicas de los productores, que la cultivaban por necesidad y no por ser delincuentes, afirmó Metaal.

– La apertura de los mercados de Europa solo ha beneficiado a ciertos empresarios, pero el productor campesino sigue sumido en la pobreza, puntualizó Metaal, durante la entrevista en su oficina en Wittenstraat de Amsterdam. En el caso de la producción y tráfico de droga, todo el peso de la ley cayó sobre los productores de la coca y las -mulas-, prisioneros por varios años, pero no se afectó a los -peces gordos- ni al gran circuito económico que se mueve de manera abierta y a la vez subterránea. A los consumidores se los trata más como a delincuentes que como a enfermos y se los recluye en lugares donde son ví­ctimas del contagio criminal, ya que ahí­ están los que han violado otras leyes.

Con los paí­ses que pertenecen al circuito coca-cocaí­na se han -narcotizado- las relaciones lo que ha provocado una situación de desigualdad y castigos injustos, como impedir el libre tránsito de bolivianos, peruanos o colombianos hacia Europa y EE.UU. -Es necesario revisar todos estos puntos y cambiar las convenciones internacionales sobre el tema de las drogas, para evitar que el clima de violencia y pobreza se acreciente en Latinoamérica-, puntualizó la investigadora del Programa Drogas y Democracia.