Es un hecho que en España, a diferencia de otros paí­ses europeos, no existe una tradición prolongada de diálogo y participación social. Sin embargo creemos que el sistema democrático consolidado en nuestro paí­s tiene suficiente trayectoria como para exigir a los gobernantes una apertura seria a la participación y al diálogo con los diversos agentes sociales a la hora de debatir y definir las orientaciones polí­ticas y actuaciones gubernamentales. Así­, la Constitución Española reconoce sin ambigí¼edades el derecho de todos los ciudadanos "a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes" (artí­culo 23), encargando además a los poderes públicos la tarea de promocionar y facilitar el ejercicio efectivo de este derecho (artí­culos 9 y 48).

De hecho, en legislaturas anteriores, se ha avanzado progresivamente en el diálogo con la sociedad civil organizada. Nunca ha sido fácil, se han dado pasos hacia adelante y también hacia atrás. Pero tanto desde el Gobierno y la Administración, como desde el Parlamento, constatamos en épocas pasadas un creciente interés por escuchar las propuestas de la sociedad civil, aunque sean crí­ticas, así­ como una voluntad, en momentos concretos, de plantear cambios reales en su forma de actuar.

Sin embargo, en esta legislatura con mayorí­a absoluta del Partido Popular, percibimos una clara marcha atrás: se está anulando el diálogo sustantivo y despreciando la participación de las organizaciones sociales en la vida pública. Esta valoración general no excluye que haya departamentos en la Administración y cargos polí­ticos o técnicos concretos que siguen mostrando interés y apertura al diálogo. Pero esto obedece más al talante personal de dichos cargos puesto que la tónica general del Gobierno y, aparentemente, las instrucciones recibidas, apuntan a anular cualquier espacio de participación del que pueda derivarse una voz disonante con el quehacer del Gobierno.

Este hecho se refleja, en primer lugar, en la anulación efectiva de los espacios institucionales establecidos legalmente para la participación y el diálogo social: Consejo de Cooperación Internacional, Foro de Inmigración y Consejo Asesor de Medio Ambiente. El Gobierno no ha convocado algunos de estos Consejos durante años, ha alterado unilateralmente su composición para poder designar directamente a sus representantes -incluyendo a los de las organizaciones sociales- negando la posibilidad de su elección democrática por las entidades representativas de las organizaciones correspondientes; también ha nombrado a las personas que por su cualificación especí­fica participan con carácter de expertos en los Consejos, sin consulta previa a los otros agentes sociales. En general, el Gobierno desvirtúa el carácter consultivo y de concertación de los Consejos, aportando poca y tardí­a información, no concediendo el tiempo y las condiciones para que se produzcan discusiones relevantes y, por lo tanto, despreciando aquellas aportaciones que podrí­an generar un debate sustantivo. Actualmente los Consejos no sirven para lo que fueron concebidos, en algunos casos como logro de la presión ciudadana.

Sobre el papel, el Gobierno habla con frecuencia de la importancia de las organizaciones sociales y es, en teorí­a, un defensor de una sociedad civil fuerte y activa. Sin embargo, se trata de una concepción utilitarista de las organizaciones sociales, que demanda de éstas que asuman una responsabilidad mayor en tareas propias del Estado, convirtiéndose en ejecutores subsidiarios de aquello que el Estado no puede o no quiere asumir... "hagan ustedes lo que yo he decidido que hagan". No negamos la importancia del trabajo directo de nuestras organizaciones, en los sectores que se determinen, en colaboración con las administraciones públicas y para la ejecución de actividades que se enmarquen en polí­ticas públicas y planes de actuación amplios. Sin embargo, creemos que esta faceta de nuestra actuación no debe utilizarse para que el Estado eluda sus responsabilidades. Por otra parte, tampoco debe limitar, sino al contrario, ampliar la posibilidad de aportar nuestra experiencia y análisis de la realidad con la que trabajamos y, por lo tanto, de participar en el debate sobre las orientaciones y programaciones de polí­ticas públicas en los sectores correspondientes.

Evidenciamos una tolerancia nula por parte del Gobierno hacia la crí­tica propositiva de las ONG. El Gobierno sólo parece dispuesto a discutir si a priori se está de acuerdo con sus posiciones. No hay una actitud de apertura mí­nima a la negociación, a cambiar aspectos de leyes, decretos, reglamentos y planes, a partir de argumentos sustentados en el análisis y en la experiencia de años de trabajo. Sí­ se muestra dispuesto, sin embargo, a descalificar por no tener propuestas -e incluso a criminalizar- a movimientos sociales de todo tipo que plantean denuncias al sistema global. La táctica parece ser despreciar y silenciar los análisis y propuestas de reforma de las organizaciones sociales que sostienen una posición crí­tica, aunque sea moderada, y criminalizar a los movimientos sociales más radicales aludiendo a su extremismo y magnificando su carácter violento.

Además, frente a los colectivos que mantienen una actitud más crí­tica, el Gobierno adopta por su parte una actitud de injerencia en los sectores sociales, utilizando juegos de poder y recursos de la financiación pública, para alterar el trabajo de las organizaciones, especialmente de sus plataformas y coordinadoras. De hecho hay indicios que apuntan a que el Gobierno utiliza los recursos públicos para castigar a las organizaciones que han mantenido una posición crí­tica. Una utilización sin duda incorrecta de estos fondos provenientes de los impuestos que pagamos todos y todas, ya que en su asignación no se han atendido criterios objetivos, sino más bien intereses de "polí­tica interior".

Creemos que el debate excluyente entre democracia representativa y democracia participativa es falso. Pretender que el diálogo y la participación social sean una realidad no quiere decir que no se asuma el modelo de Estado democrático definido por la Constitución. El Parlamento representa a todos los ciudadanos y ciudadanas y elige a un Gobierno que debe gobernar asumiendo la responsabilidad de sus actuaciones. Pero esto no es obstáculo, sino todo lo contrario, para que la democracia pueda profundizarse a través de la participación de agentes sociales, en diálogo abierto con el Gobierno, a la hora de asesorar, aportar, criticar, valorar y defender orientaciones polí­ticas en los sectores concretos a los que nos dedicamos. Por otra parte, la actitud que denunciamos se refleja de igual manera en el propio Parlamento, donde el Gobierno ha rechazado sistemáticamente las propuestas de la sociedad civil que han sido planteadas por grupos polí­ticos en la oposición. Pensamos que una democracia en la que se pide a los ciudadanos el voto cada cuatro años esperando que luego se sienten a mirar cómo lo hace el Gobierno, es pobre y frágil, pero parece que es la opción que ha tomado este Gobierno.

No es ésta la situación en otros paí­ses de la Unión Europea. Esperamos que la Presidencia española de la UE sea un buen motivo para revertir esta tendencia y que, al igual que en Presidencias anteriores, se pueda contribuir a la construcción de una Europa para los ciudadanos y ciudadanas pero contando con todos y todas. Por nuestra parte, las organizaciones sociales seguimos abiertas a mantener este diálogo constructivo con el Gobierno español, desde el respeto a la pluralidad y las diversas posiciones.

Organizaciones que suscriben este manifiesto: INMIGRACION
AESCO (América-España, Solidaridad y Cooperación)
ARI-PERU (Asociación de refugiados e inmigrantes peruanos)
Asociación Nacional Presencia Gitana
ATIME (Asociación de trabajadores e inmigrantes marroquí­es en España)
CEAR (Comisión Española de Ayuda el Refugiado)
MPDL-ACCION SOCIAL
SOS RACISMO (FEDERECION ESTATAL DE ASOSIACIONES)
VOMADE (Voluntariado de Madres Dominicanas)

COOPERACION INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO
Coordinadora de ONG de Desarrollo-España (agrupa a 100 ONG de Desarrollo y 10 Coordinadoras autonómicas de ONGD)

MEDIO AMBIENTE Ecologistas en Acción (agrupa a 300 Organizaciones ecologistas de todo el Estado)
GREENPEACE
Amigos de la Tierra

DERECHOS HUMANOS
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE DEFENSA Y PROMOCION DE LOS DERECHOS
HUMANOS (agrupa a 10 Organizaciones que trabajan en este ámbito)