Casi una década después de la presentación del primer informe de Brasil ante el Comité de Derechos Humanos, éste iniciará otro examen de la situación de los derechos civiles y polí­ticos en este paí­s. En su información, AI lamenta que las autoridades brasileñas no garanticen la protección de los derechos humanos fundamentales de toda la población desde 1996.

"El momento decisivo que representó la creación de un Plan Nacional de Derechos Humanos en 1996 no se ha traducido en las reformas necesarias para garantizar que los brasileños dejan de sufrir torturas, amenazas y homicidios a manos de quienes deberí­an protegerlos", declaró Tim Cahill, investigador de AI sobre Brasil.

"Gobiernos sucesivos han relegado los derechos humanos al asiento trasero de la polí­tica gubernamental. La falta de inversión, de voluntad polí­tica y recursos económicos en la protección de los derechos humanos continúa costando la vida de cientos de miles de brasileños." Según AI, aunque las autoridades brasileñas han hecho avances en algunas áreas, estos avances no han gozado del apoyo sostenido necesario para convertirse en mejoras reales.

Pese a la introducción de una ley contra la tortura en 1997, sólo se ha enjuiciado en aplicación de la misma a un número limitado de personas y la tortura a manos de agentes del Estado sigue siendo generalizada y sistemática. La mayorí­a de los casos sigue sin ser denunciado, investigado ni castigado, y las ví­ctimas continúan procediendo de los sectores más vulnerables de la sociedad, sobre todo los más pobres, los jóvenes negros y los varones mestizos, a quienes se considera presuntos delincuentes.

Defensores de derechos humanos de todo Brasil son ví­ctimas de amenazas de muerte, intimidación, demandas por difamación y homicidios. Hasta hace poco, las autoridades estatales y federales se han mostrado reticentes a adoptar medidas para garantizar una protección adecuada y eficaz de las personas amenazadas o incapaces de hacerlo.

El Programa para la Protección de Defensores de Derechos Humanos, iniciado por el gobierno federal el año pasado, ha hecho una contribución notable a la promoción de la labor de quienes luchan por los derechos humanos en Brasil y en toda la región. Sin embargo, el programa sigue careciendo de la infraestructura necesaria para su implantación efectiva.

Ayer, 26, y hoy, una delegación del gobierno de Brasil presenta ante el Comité de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas su segundo informe periódico sobre la implementación del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Polí­ticos.

Amnistí­a Internacional informó a las Naciones Unidas de los casos de Valdíªnia de Paulino y de Elizabete Maria de Souza. Valdíªnia de Paulino abogada de derechos humanos de una comunidad de Sapopemba en Sí£o Paulo, sufrió todo tipo de amenazas de muerte debido al trabajo que realiza sobre las violencias sistemáticas cometidas por los policiales en su comunidad. Elizabete Maria de Souza experimentó un comportamiento amenazador de miembros de la Policí­a Militar de Rio de Janeiro por haber iniciado una campaña sobre la muerte en 2004 de su hijo de 13 anos, posiblemente ví­ctima de una ejecución extrajudicial.