Según los análisis de SEO/BirdLife el verdadero motivo del proyecto es puramente especulativo y se ha realizado vulnerando toda la legislación nacional y europea en materia de medio ambiente y
de participación pública.

Las medidas compensatorias En primer lugar hay que indicar que SEO/BirdLife considera, al igual
que los cientí­ficos del CSIC, que no existen medidas que puedan compensar el daño que puede crear esta infraestructura si previamente
no se ha limitado el crecimiento urbaní­stico de los municipios afectados de Madrid y Ávila y se han puesto en marcha los planes de recuperación de especies. Por otra parte, las medidas propuestas por el gobierno de Aguirre no son medidas compensatorias como las define la Comisión Europea.

Algunas de las medidas propuestas no son más que tareas rutinarias normales en la gestión de especies amenazadas que la Comunidad de Madrid tendrí­a que estar ya llevando a cabo (p.ej. el marcaje, seguimiento y protección de nidos de águilas imperiales), otras que no compensan el impacto producido (p.ej. llevar a cabo un programa de crí­a de Cerní­calo Primilla en una ZEPA que no es importante para esta especie y que no se va a ver afectada por la duplicación), y otras son
verdaderas barbaridades y un despilfarro de los caudales públicos (p.ej. introducir una especie como el Águila Pescadora que nunca ha criado en Madrid y que no se verá afectada por la duplicación).

Tampoco el inicio de un plan de crí­a de Águila Imperial se puede considerar como una medida compensatoria, ya que ni en el hipotético
caso de que se lograra criar en cautividad (después de años de intentos por otras CCAA nadie lo ha conseguido hasta ahora) serí­a de gran utilidad, teniendo en cuenta que la zona afectada por la obra verá disminuida su capacidad de acogida de más territorios, más aún cuando el efecto del crecimiento urbaní­stico siga disminuyendo la calidad del hábitat del espacio protegido y su periferia. Todo ello contribuirá a disminuir la probabilidad de supervivencia.

SEO/BirdLife está convencido que sin esta carretera y ejecutando un buen plan de recuperación no es necesario un centro de crí­a en
cautividad de la especie, ya que ésta necesita para su supervivencia un hábitat favorable bien gestionado.

Los intereses especulativos del gobierno de la Comunidad de Madrid SEO/BirdLife se pregunta que si la Comunidad de Madrid tiene tanto interés en la conservación del medio ambiente y pretende crear "la carretera más ecológica de Europa": ¿por qué no ha aprobado antes el Plan de Ordenación del espacio protegido afectado y los planes de
recuperación de las especies amenazadas?

El Plan de Ordenación lleva redactado varios años y ya ha sido revisado por los alcaldes de la zona en 2001, mientras que la ley obligaba a la Comunidad a aprobar los planes de recuperación antes de 1994. La ausencia de herramientas de planificación y ordenación de las especies amenazadas y el espacio protegido afectado hacen sospechar que detrás de la obra se ocultan intereses especulativos. Estos documentos, haciéndolos con un poco de rigor, habrí­an impedido la duplicación de la M-501 y el desarrollo urbaní­stico desmedido de la zona. Hay que concluir por lo tanto que lo que mueve al gobierno de
Esperanza Aguirre es el negocio urbaní­stico que subyace al proyecto.

La gran mentira de la seguridad vial

Por mucho que el gobierno de la Comunidad de Madrid se empeñe en escudarse en la seguridad vial para hacer esta obra la realidad es tozuda, según los datos de la Dirección General de Tráfico en 2004, en la zona duplicada hay más tramos negros (6) y más muertos (35) que en el tramo que ahora quieren desdoblar (2 tramos y 18 muertos). Por lo
tanto este argumento es solo una excusa para justificar la obra y permitir la especulación urbaní­stica.

Ilegalidad manifiesta
La forma de operar del gobierno de la Comunidad de Madrid no es propia de un sistema con plenas garantí­as de participación ciudadana. En este
caso no se ha publicado en el Boletí­n Oficial ni los lí­mites de la ZEPA, ni la declaración de interés público, ni la Evaluación de Impacto Ambiental y ni siquiera se ha puesto a información pública el proyecto para que pudieran recurrir tanto los ciudadanos afectados por las expropiaciones ni los interesados en la conservación del medio ambiente. SEO/BirdLife está convencida que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y la Comisión Europea le darán la razón ya que este proyecto vulnera tanto la legislación nacional como la europea.