Según la prensa argentina ante la resolución negativa de la justicia uruguaya de indagar la muerte de Marí­a Claudia el gobierno argentino pidió al juez federal de ese paí­s, Norberto Oyarbide, la extradición de los militares José Gavazzo, Gilberto Vázquez, Ernesto Rama, Jorge Silveira, Antonio Rodrí­guez Buratti, Ricardo Arab, Manuel Cordero y el policí­a retirado Ricardo Medina. Los militares y el policí­a son acusados de haber participado en el secuestro y traslado de Marí­a Claudia a Uruguay, en 1976.

El titular de la secretarí­a de Derechos Humanos de Argentina, Eduardo Luis Duhalde, dijo a la prensa que se trata de delitos de lesa humanidad que no prescribieron y que así­ lo avala la normativa internacional. Luego de conocer el fallo del Tribunal de Apelaciones penal que da la razón al fiscal Enrique Moller - que alegó que los delitos no pueden ser perseguidos por estar comprendidos en la Ley de Caducidad - el gobierno argentino decidió actuar.

El 24 de agosto de 1976, cuando fue secuestrada en Buenos Aires junto a su esposo Marcelo, Marí­a Claudia Garcí­a tení­a 19 años y no militaba polí­ticamente. De todas maneras, la pareja fue llevada al centro de detención clandestina y torturas Automotores Orletti, donde Marcelo fue torturado y asesinado. Marí­a Claudia, con un embarazo avanzado, fue trasladada secretamente a Uruguay e internada en la cárcel clandestina del Servicio de Información y Defensa del Ejército (SIDE). Cuando dió a luz, su hija fue entregada a la familia de un jerarca de los servicios policiales de Inteligencia que la anotó como propia, y luego ella misma fue asesinada.

Hasta hoy no se han encontrado sus restos. Tras una ardua búsqueda, Juan Gelman encontró a su nieta en 2000. Hoy se llama Macarena Gelman y busca a su madre. Para la Suprema Corte de Justicia uruguaya, lo sucedido a Marí­a Claudia fue un delito cometido -por móviles polí­ticos o en ocasión del cumplimiento de sus funciones y en ocasión de acciones ordenadas por los mandos que actuaron durante el perí­odo de facto- (artí­culo 1º de la Ley de Caducidad), y por ese motivo no se debe investigar.