En calidad de peticionarios, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Cofavic, Provea, la Vicarí­a de Derechos Humanos de Caracas, el Observatorio Nacional de Prisiones de Venezuela y el Instituto Prensa y Sociedad fueron recibidos en audiencia en el marco del 123° perí­odo ordinario de sesiones que la CIDH está celebrando en su sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington.

Las organizaciones venezolanas expresaron a la CIDH su preocupación por la falta de independencia y autonomí­a de los jueces y fiscales del ministerio público así­ como el carácter provisorio de la mayorí­a de los jueces y la aplicación de la justicia militar a civiles y a militares retirados. Los peticionarios le solicitaron a la CIDH que inste al Estado venezolano a respetar los estándares internacionales en materia de administración de justicia de manera de garantizar la imparcialidad y objetividad de quienes tienen a cargo dicha tarea.

La precaria situación de las cárceles venezolanas también fue expuesta ante la CIDH, la cual incluye el hacinamiento de reclusos, la brutalidad policial a la que éstos son sometidos y el retraso en el dictado de sentencias. Entre los aspectos que revisten mayor gravedad, se señaló que en las cárceles venezolanas muere en forma violenta un recluso por dí­a, que la edad carcelaria oscila entre los 18 y 30 años y la mayorí­a de las penas corresponden a delitos patrimoniales. Las organizaciones venezolanas solicitaron a la CIDH que interfiera para que el Estado implemente una mejora sustancial en las actuales condiciones carcelarias de manera que se respeten plenamente los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.

Asimismo, se informó que las ejecuciones extrajudiciales cometidas por los grupos parapoliciales continúan ocurriendo en Venezuela y al respecto se le solicitó a la CIDH que interceda para que el Estado lleve adelante investigaciones serias y efectivas que permitan la captura, enjuiciamiento y sanción de los responsables.

CEJIL, Provea, la Vicarí­a de Caracas y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), informaron también a la CIDH sobre los obstáculos que enfrentan los defensores y defensoras de derechos humanos en el desempeño de sus tareas. Intimidaciones, amenazas, interferencia a sus comunicaciones, campañas de desprestigio, inicio de procesos judiciales, utilización de leyes claramente violatorias a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre otros, fueron algunos de los ejemplos citados.

En este contexto, los peticionarios señalaron la absoluta desprotección en que se encuentran los defensores y defensoras de derechos humanos debido a la negativa del Estado venezolano de acatar las solicitudes de medidas cautelares (de protección) requeridas por la CIDH. Se señaló además que es especialmente preocupante cuando las autoridades venezolanas criminalizan la actuación de los defensores y defensoras de derechos humanos ante el sistema interamericano acusándolos de conspiradores o recurriendo a la descalificación pública de su trabajo.

Por su parte, el Instituto Prensa y Sociedad, el Centro de Derechos Humanos de la UCAB, la Asociación Espacio Público y CEJIL brindaron información detallada sobre los problemas con que se enfrentan quienes intentan ejercer la libertad de expresión en Venezuela. Mencionaron un sustantivo incremento de amenazas, hostigamientos y agresiones cometidos contra periodistas y medios de comunicación en los últimos tres años. Asimismo se hizo referencia al uso creciente del aparato judicial como un medio para intimidar y acallar el trabajo periodí­stico a través del uso excesivo de la figura de calumnias e injurias.

Las organizaciones informaron también sobre los obstáculos con que se enfrentan los medios de comunicación y los periodistas para el ejercicio pleno de su derecho a la expresión tras la aprobación de la controvertida ley de contenido y la reforma del código penal. Informaron que como consecuencia de estas reformas, un número importante de programas de opinión han salido del aire, lo cual repercute negativamente en la posibilidad de llevar adelante desde los medios de comunicación un debate abierto y pluralista sobre el proceso polí­tico que está viviendo el paí­s.

Por último, CEJIL y las organizaciones venezolanas que participaron de estas audiencias pidieron que el Relator de la CIDH para Venezuela realice una visita al paí­s lo antes posible de manera tal de evaluar la situación de los derechos humanos.