A pesar de que el primer artí­culo de la Constitución establece que "las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos" en la práctica, estos planteamientos están ausentes de la realidad cotidiana en Chile.

"Es evidente que no nacemos todos en las mismas condiciones, desde la cuna hay muchas diferencias, hay oportunidades que se ven limitadas. Basta pensar que, de acuerdo a lo que cientí­ficamente se ha descubierto, la inteligencia está distribuida socialmente de manera pareja en todos los sectores y ¿por qué cuando tenemos los resultados de las pruebas (escolares) Simce no están distribuidos de manera pareja?. Evidentemente, en el camino, en la sociedad, se hicieron cosas que esa igualdad originaria no pudo florecer porque hubo oportunidades distintas, contextos distintos", señala la diputada Carolina Tohá.

Sin duda somos una sociedad discriminadora, y en todos los niveles. Basta recordar el caso de la jueza Karen Atala a quien la Corte Suprema le quitó la custodia de sus hijas por ser lesbiana.

"Los derechos ciudadanos no son solamente los derechos electorales de un paí­s, también tienen que ver con otros ámbitos, son los del trabajo, la educación, la salud, pero también el derecho a tener una identidad sexual diferente a la de la mayorí­a. En Chile existen indicadores de homofobia que son altí­simos, se manifiestan, por ejemplo, en el caso de la jueza Karen Atala, en un fallo que es muy discriminador ("¦) Eso nos indica que tenemos, en el seno mismo del Poder Judicial, en la Corte Suprema, una práctica discriminatoria (cuando se discrimina reiteradamente estamos hablando de una práctica). Con ocasión de este caso Chile fue denunciado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De alguna manera, todos estamos acusados de ser parte de un paí­s que viola los derechos de las personas", manifiesta Francisco Estévez, director de la Fundación Ideas.

Igualdad ante la ley

Los argumentos sobre la necesidad de tomar medidas concretas en contra de la no tolerancia y la discriminación sobran cuando se miran las estadí­sticas. Encuestas sobre este tema nos sindican como una sociedad llena de prejuicios. Lejos del mito de la hospitalidad del chileno, predomina la xenofobia, el racismo, el clasismo y el sexismo.

Por estas razones, desde el 14 de marzo que se tramita en el Congreso un proyecto de ley que establece medidas contra la discriminación, que tuvo su génesis en la iniciativa de organizaciones de la sociedad civil y que, finalmente, fue presentado por el Presidente de la República a la Cámara de Diputados.

Este proyecto establece que es un deber del Estado elaborar polí­ticas y acciones para garantizar que las personas no sean discriminadas, sanciona la discriminación arbitraria, otorga alternativas legales para que quienes se sientan afectados recurran a los tribunales e impone sanciones y multas a quienes discriminen, incluyendo a los funcionarios públicos.

Luego de ser sometido a discusiones y correcciones, finalmente, en esta iniciativa legal no se incluyeron tópicos que estuvieron presentes en el anteproyecto, como la creación de una institucionalidad destinada a resguardar estos derechos, permitir que las personas puedan recurrir colectivamente a los tribunales si pertenecen a un grupo que sistemáticamente se sienta pasado a llevar o programas de promoción que, desde el Estado, ayuden a educar a la población en estas materias.

"Todos entendemos que este es un problema cultural fundamentalmente, la gente crece con prejuicios, los tiene asumidos como normales, muchas veces no tienen ni siquiera conciencia de las actitudes discriminatorias que desarrolla, entonces, junto con sancionar, hay que buscar una promoción de acciones que ayuden a tomar conciencia a todos de cosas que hacemos y que son discriminatorias y que están a veces en nuestros juicios, en nuestras miradas, en las conversaciones de sobremesa la ley nunca va a poder meterse ahí­, pero sí­ un programa de promoción puede ayudarte a tomar conciencia", declara la diputada Tohá.

No obstante las omisiones o perfeccionamientos que se realizaron al proyecto, todas y todas coinciden en que representa un gran avance en la materia.

"Este es un proyecto que puede perfeccionarse, de hecho creo que le falta un tí­tulo especial destinado a las polí­ticas públicas contra la discriminación. Es necesario recoger la gran experiencia de trabajo de lo que ha hecho el departamento encargado de los temas de tolerancia y no discriminación de la División de Organizaciones Sociales en la Secretarí­a General de Gobierno. Esa experiencia muestra que es posible tener polí­ticas públicas para avanzar en los distintos sectores del Estado en una cultura de respeto a la diversidad, de integración y de no exclusión", declara Francisco Estévez.

Para Alejandra Dí­az encargada del Área de Participación y Polí­ticas Públicas de la D.O.S. este proyecto representa un "el primer pilar, fundamental para después hacer los cambios y tener una ley más importante y sustantiva". Manifiesta que, más allá de las sanciones que establezca, su importancia radica en "visibilizar estos hechos discriminatorios".

Pero además del proyecto de ley, se establecieron una serie de medidas para promover la igualdad y la tolerancia. A partir de 2000 se creó el programa de Tolerancia y No Discriminación que, además de redactar el proyecto de ley, ha realizado una serie de acciones para disminuir la discriminación y, en ese sentido, aportar a la participación ciudadana y la igualdad de oportunidades. Para esto, se formaron dos redes: una ciudadana multicultural compuesta por más de sesenta organizaciones de la sociedad civil y otra pública intersectorial.

"A pesar de que no hay hoy dí­a ninguna ley que establezca medidas contra la discriminación, se han hecho bastantes aportes a nivel del Ministerio y en el Estado en su conjunto que tienen que ver con realizar compromisos de participación ciudadana con componentes antidiscriminatorios. Eso ha permitido instalar el tema en los funcionarios públicos, cosa que hace cinco años atrás no existí­a. Hemos tenido talleres de trabajo, poniendo el tema de la discriminación, en una amplia gama de ministerios y servicios, incluso, tenemos militantes, como funcionarios públicos, en el tema: existe una red de funcionarios que trabajan el tema al interior de los servicios hacia los usuarios y eso sin ley", puntualiza Alejandra Dí­az.

Incluso, desde el 16 de noviembre se conmemorará la semana contra la discriminación con cursos, talleres y exposiciones, con el fin de sensibilizar a la población en el tema.

"Es muy importante entender que aquí­ el problema de la discriminación es algo que nos compete a todos y a todas", recalca Francisco Estévez.