La Federación de Asociaciones Pro Inmigrantes Andalucí­a Acoge denuncia que el Gobierno español no puede mirar hacia otro lado y ser cómplice de la crueldad que está demostrando el Gobierno marroquí­ expulsando en condiciones infrahumanas a los inmigrantes subsaharianos hacia la frontera con Mauritania.

Para la organización, el Gobierno español debe exigir el cumplimiento de los derechos humanos y su presión debe estar enfocada hacia la restricción de las ayudas económicas en materia de inmigración mientras que este paí­s no garantice el respeto a la dignidad y la integridad fí­sica de estas personas. En este sentido, Andalucí­a Acoge se manifiesta radicalmente en contra de la externalización del control de las fronteras que coloca a Marruecos como gendarme de la Unión Europea. "Está demostrado que la externalización conlleva la pérdida de los derechos humanos y supone una dejación de funciones del Gobierno español y de los gobiernos europeos". En este sentido, la realidad de la inmigración en la frontera sur de España no puede incentivar en ningún caso la polí­tica de creación de centros de internamiento en los paí­ses de tránsito.

Especialmente flagrantes son para Andalucí­a Acoge las devoluciones inmediatas, que son ilegales, la pérdida de derechos de los demandantes de asilo y el enví­o de los inmigrantes a una muerte lenta en el desierto. La organización está estudiando emprender acciones legales en contra de esta vulneración de derechos en frontera.

El Gobierno español debe implicarse activamente en impedir las muertes de los inmigrantes. Pero estas soluciones no deben ser exclusivamente policiales, sino que deben ser soluciones humanas y realistas dirigidas a paliar la miseria, la falta de alfabetización, el empobrecimiento económico y la ausencia de democratización que viven algunos paí­ses de África.