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Ceuta y Melilla: en defensa del derecho de asilo y de la dignidad humana
Recibida de CEAR el 07-10-2005 a las 09:10

En el día de ayer se ha conocido la muerte de otros seis inmigrantes subsaharianos en el perímetro fronterizo de Melilla al intentar cruzar la valla que separan el hambre y el subdesarrollo de la opulencia de los países desarrollados.

Al menos quince seres humanos muertos desde el 28 de agosto hasta hoy, once de ellos por disparos de armas de fuego, dan una idea de la gravedad de la crisis humanitaria que estamos viviendo en nuestras fronteras. Las muertes se han producido a ambos lados de una frontera que separa Europa de un continente, África, que según el ultimo Informe del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD), ha retrocedido varios puntos en nivel de desarrollo en los últimos 5 años. Personas que huyen de la vulneración de sus derechos civiles, polí­ticos, económicos o sociales, a las que no les importa perder ni la vida a cambio de un futuro digno que les resulta imposible alcanzar, para ellos y sus hijos, en sus paí­ses de origen. La inmigración es un problema fundamentalmente para los paí­ses de origen de los inmigrantes, una sangrí­a humana de personas frecuentemente bien capacitadas que hipoteca el desarrollo futuro de sus sociedades de origen a la vez que deja atrás a miles de familiares en una situación dramática.

Los medios de comunicación, los organismos internacionales como el ACNUR y las organizaciones humanitarias sobre el terreno alertan a diario de frecuentes vulneraciones de los derechos fundamentales de la persona: devoluciones a Marruecos realizadas sin las debidas garantí­as legales desde territorio español, malos tratos, expulsiones desde Marruecos de más de 40 solicitantes de asilo debidamente reconocidos y documentados por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, abandono de los inmigrantes deportados desde Marruecos en zonas desérticas con difí­ciles condiciones de supervivencia, además de ausencia total de alimentación, agua, y asistencia médica en los campamentos donde se esconden los inmigrantes subsaharianos.

Resulta imposible que las autoridades nacionales de únicamente dos paí­ses puedan resolver totalmente una crisis humanitaria en la que confluyen demasiados factores que no dependen exclusivamente de ellas, como son el subdesarrollo, el intercambio desigual y la falta de democracia y libertades. Mientras tanto, el cumplimiento de los Objetivos de desarrollo del Milenio de las NNUU aparece aún lejano debido a la falta de compromiso de los paí­ses desarrollados.

En estos momentos, es obligación de las autoridades españolas y marroquí­es el adoptar medidas que respeten escrupulosamente la legalidad internacional, las leyes nacionales de ambos estados y los derechos humanos.

Cualquier ciudadano que sienta temor de ser perseguido tiene derecho a disfrutar de protección internacional en cualquier paí­s seguro, como es España. Es imprescindible respetar el derecho de no devolución de los posibles solicitantes de asilo que hayan alcanzado nuestras fronteras. En caso de devoluciones, estas deben ajustarse a las normas establecidas en la legislación de extranjerí­a española y siempre deben respetar el artí­culo 3 de la Convención sobre la Tortura de NNUU y el artí­culo 3 de la Convención Europea de Derechos Humanos, normas ambas que prohí­ben la devolución de cualquier persona a un tercer paí­s donde corriera riesgo de ser sometido a tratos inhumanos, crueles o degradantes. Toda persona tiene derecho a la defensa y a disfrutar de un debido proceso con garantí­as.

La mal llamada "avalancha" que estamos contemplando estos dí­as en absoluto se ha debido a un supuesto "efecto llamada" provocado por cambios legislativos, sino al creciente incremento de las dificultades que los inmigrantes deben sortear para poder atravesar "la valla". El numero de extranjeros que intentan entrar en las ciudades de Ceuta y Melilla apenas supone un 3% de los inmigrantes irregulares que cada año pueden entrar en la Unión Europea a través de España. Los llamamientos a modificaciones legales que no respetan los derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución solo pueden traer como consecuencia, en caso de prosperar, un recorte en las consideradas libertades básicas de los ciudadanos en un estado de derecho.

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado quiere expresar sus más sinceras condolencias a los amigos, compañeros y familiares de los fallecidos en los últimos dí­as, haciéndoles llegar en estos momentos nuestros más sentido sentimiento solidario.




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