Con motivo de la remisión, al Congreso de los Diputados, por parte del Gobierno del Proyecto de Ley de modificación de la Ley 43/2003 de Montes, para su discusión y aprobación definitiva, las organizaciones ecologistas apoyan el reconocimiento del carácter de Policí­a Judicial de los Agentes Forestales y Medioambientales del Estado. De esta manera se contribuirá a una mayor protección y conservación de los espacios forestales y del medio ambiente en general. Por ello, las cinco organizaciones, apoyan la propuesta que los Agentes Forestales han realizado tanto al Gobierno de la nación como a los distintos Grupos Parlamentarios para que se apruebe el reconocimiento explí­cito del carácter de Policí­a Judicial genérica de los Agentes Forestales y Medioambientales. Así­ se les posibilitarí­a la intervención en investigaciones y diligencias a que hubiera lugar en todos aquellos posibles delitos contra el medio ambiente de los que estos agentes tuviesen conocimiento en el desempeño de sus funciones. Además podrí­an actuar bajo las instrucciones de jueces y fiscales, al ser el poder judicial el competente en la materia.

Las organizaciones ecologistas consideran que este reconocimiento contribuirá de manera positiva a la investigación y persecución de los delitos contra la ordenación del territorio y el medio ambiente, entre estos de los incendios forestales, que tanto daño han causado un verano más. Hay que tener en cuenta que el colectivo de Agentes Forestales y Medioambientales tiene implantación en toda la geografí­a del territorio español, en muchas ocasiones, infravalorado.

Además, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF/Adena consideran que serí­a conveniente que en la Ley de Montes se incluyera un apartado especí­fico en el que se posibilitara a la Fiscalí­a a recabar el auxilio permanente u ocasional de los agentes forestales y medioambientales. Para ello, habrí­an de firmarse convenios y acuerdos de colaboración entre Fiscalí­as de Medio Ambiente y los Órganos Ambientales de las Comunidades Autónomas de los que dependen los Agentes Forestales y Medioambientales. De esta forma se lograrí­a un mejor y más efectivo cumplimiento al deber de lealtad, colaboración y mutuo apoyo entre administraciones, tal y como contempla nuestro ordenamiento jurí­dico.

Si a los cambios previstos en la Ley de Montes se incluyeran estas propuestas se producirí­a una mejora sustancial en el texto de la actual Ley, además, supondrí­an un fuerte impulso a la lucha contra la impunidad en la que se mueven los incendiarios de los montes españoles. Por ello, las organizaciones lamentan la postura del Partido Popular al presentar una enmienda a la totalidad a esta reforma de la Ley de Montes.