UGT-Madrid felicita el pacto suscrito entre la Comunidad Autónoma y el Ministerio de trabajo para que lleguen a la Comunidad Autónoma y a los Ayuntamientos casi 28 millones de euros procedentes del Fondo estatal para la integración de Inmigrantes.

Pero recordamos que Ignacio González, Vicepresidente de la Comunidad, anunció en febrero de 2004 un nuevo Plan regional para la Inmigración 2004-2007. Estamos en octubre de 2005, superado con creces el ecuador de la legislatura, y todaví­a el Plan Regional es sólo un proyecto sobre el papel. El Director general para la Inmigración, aseguró a finales de agosto que el Plan tendrá su primer presupuesto económico en 2006, se supone que la financiación extraordinaria ahora recibida obliga a la Administración autonómica a cofinanciar un programa de actuación efectivo y no sólo efectista como ha sido hasta ahora.

En una materia tan sensible como la polí­tica inmigratoria y de inserción social, la intervención administrativa debe ser sobre todo discreta y eficiente, para que sea la propia sociedad la que asuma el reto de acoger a los inmigrantes, y al mismo tiempo se adapte al cambio social que necesariamente provocarán, encontrando nuevas formas, más diversas, de resolver los conflictos de la convivencia cotidiana.

Afirmar que en la Comunidad de Madrid residen actualmente en octubre de 2005, más de 845.000 extranjeros parece una cifra posible. Unos 130.000 extranjeros, lo son menos, porque están protegidos por la ciudadaní­a de la Unión Europea. El resto, 715.000 personas residentes en Madrid, estarí­an sujetas a la Ley de Extranjerí­a. La inmensa mayorí­a son inmigrantes económicos procedentes de paí­ses menos desarrollados que el nuestro, un 78,2% de ellos, más de 559.310 personas, están en edad activa y trabajando de forma continuada.

En principio ni como ciudadanos, ni como trabajadores deberí­an ser objeto de polí­ticas diferenciadas, son un colectivo muy diverso por origen, cultura o creencias religiosas, pero idénticos al resto de madrileños en cuanto a contribuyentes, beneficiarios o deudores de cualquier intervención administrativa.

El diálogo con los agentes económicos (sindicatos y empresarios), continuado en el tiempo y siempre previo a la intervención pública, deberá considerar los siguientes aspectos referidos a la integración laboral y social de los trabajadores inmigrantes y sus familias:

– Llegar al conocimiento mas cierto posible del hecho social inmigratorio en Madrid (evolución, origen, nacionalidad, edad, sexo, menores escolarizados, sectores de actividad laboral, riesgos de exclusión...)

– Coordinar los organismos autonómicos entre sí­ y con los Entes locales, para evitar duplicidades en intervenciones y gastos.

– Crear redes públicas de acogida integral e información, orientación y acompañamiento, evitando la exclusión social, sobre todo en los momentos iniciales de acogida.

– Implicar a los Servicios Públicos de Empleo en la orientación, inserción y formación laboral de los trabajadores.

– Posibilitar el acceso de familias migrantes a entornos de escasa población, garantizando el principio rector de igualdad de trato y oportunidades, que informa todos los Proyectos de Desarrollo Local.

– Universalizar de los programas para la conciliación de la vida familiar y laboral.

– Diseñar mecanismos periódicos de seguimiento, medición del impacto de las medidas adoptadas, y evaluación. Indicadores accesibles y temporalizados, en correspondencia con los fondos asignados por las Administraciones, Estatal y Autonómica.